Florida endurece su postura frente a la inmigración irregular con la entrada en vigor de dos nuevas leyes en 2025. Bajo la administración de Ron DeSantis, las normas SB 2 y SB 4 incrementan las sanciones para inmigrantes indocumentados y refuerzan la colaboración de las fuerzas del orden locales con agencias federales. Estas medidas han desatado una fuerte controversia por sus implicancias legales y sociales.
Las nuevas disposiciones incluyen penas más severas para quienes reincidan en la entrada ilegal al estado, restricciones en el acceso a beneficios educativos y la obligación de cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Aunque los defensores de estas leyes argumentan que mejorarán la seguridad, sus críticos advierten que podrían generar violaciones a los derechos humanos y afectar negativamente la economía estatal.
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Nuevas penas y restricciones en Florida
Las leyes SB 2 y SB 4 modifican significativamente el tratamiento de los inmigrantes indocumentados en Florida.
- La SB 2, promulgada el 14 de febrero de 2025, amplía el programa 287(g), que obliga a todas las fuerzas de seguridad locales a identificar y entregar a ICE a personas sospechosas de estar en el país sin autorización. Además, establece penas más severas para delitos menores cometidos por inmigrantes y elimina beneficios de matrícula universitaria para estudiantes indocumentados.
- La SB 4 introduce sanciones más estrictas para quienes ingresen ilegalmente al estado. Un adulto indocumentado que eluda la inspección migratoria federal enfrentará un mínimo de nueve meses de prisión, y en caso de reincidencia, podría ser condenado hasta un año de cárcel.
Consecuencias económicas y legales
El endurecimiento de las políticas migratorias en Florida podría traer repercusiones económicas y legales. Diversos sectores, como la construcción y la agricultura, dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, y la reducción de trabajadores podría afectar la productividad y aumentar los costos laborales.
En el ámbito legal, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la constitucionalidad de algunas disposiciones, como la imposición de penas de muerte obligatorias para ciertos delitos cometidos por extranjeros no autorizados. Asimismo, han alertado sobre el posible incremento de casos de discriminación racial y persecución injustificada de inmigrantes.
A medida que estas leyes comiencen a aplicarse, se espera que surjan demandas y litigios que podrían influir en el futuro de las políticas migratorias no solo en Florida, sino en todo Estados Unidos.
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