UN ENTORNO DIGITAL PENSANDO EN LOS CIUDADANOS

Empezando el mes de abril de 2020, según un conteo de la agencia de noticias AFP, 3900 millones de personas alrededor del mundo se encontraban cumpliendo una cuarentena obligatoria por la covid-19. Estamos hablando de más de la mitad de población mundial en estado de confinamiento. En un fenómeno que empezó como una crisis sanitaria y ahora también es una crisis social, la digitalización no es ajena a esta coyuntura y — para muchos peruanos y peruanas — ha cobrado más importancia en sus estilos de vida.

“El mayor acelerador digital que se pudo encontrar es la actual coyuntura”, dice Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Veamos algunos ejemplos del aumento de conectividad durante la cuarentena: según data del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), aplicaciones como WhastApp o Facebook aumentaron su demanda en hasta 184.4% y 177%, respectivamente. Es más, el crecimiento del tráfico web en los hogares peruanos alcanzó picos de incremento de hasta 42%. Un estudio de Ipsos “El Peruano Poscuarentena”, señala que el 36% de los peruanos ha aumentado el uso de videoconferencias con la familia y amigos. 21% cree que las compras online de alimentos y productos básicos aumentarán y el consumo promedio a través de plataformas digitales se incrementó en 49% (103 dólares).

Si hablamos de conectividad móvil, un estudio de Ipsos de 2019 (“Hábitos, usos y actitudes hacia la telefonía móvil”) menciona que el 94% de los estudiantes cuenta con un Smartphone. Para trabajadores independientes, la cifra de tenencia es 92%. En trabajadores independientes, 73% y en desocupados, 65%. Los teléfonos inteligentes son el principal medio de acceso a internet que tienen los peruanos. En zonas urbanas es usado por el 84% de la población. Es más, el 42.4% de los usuarios de internet tiene como único punto de acceso su celular.

Y si damos un vistazo a datos globales, podemos observar el incremento exponencial de los datos que se transfieren a través de internet. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los flujos de datos a nivel mundial pasaron de 100 gigabytes al día (una unidad de medida para calcular los datos web) en 1992 a más de 45 000 gigabytes por segundo en 2017. Para el 2022, prevén que esta cifra alcance los 150 700 gigabytes por segundo.

Pero también este proceso de digitalización, acelerado por la pandemia, deja detrás a grandes sectores de población. “La transformación digital es un término que, por definición, implica un cambio drástico, y ningún cambio drástico es amable o sencillo”, señala Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores.

Podemos visibilizar a estas brechas. Según la propia Conferencia de las Nacionales Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la mitad de la población mundial no tiene acceso a internet.

En Perú, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI de 2019, solo 33.7% de hogares en el Perú tienen acceso a una computadora, y 39.3% cuenta con acceso a internet. En áreas rurales, este indicador es de 5.9% y 4.8%, respectivamente. En Chile, el acceso a internet alcanza al 63% de la población. En Uruguay, al 78.9%.

“En este contexto, el no tener acceso a lo digital lo que está haciendo es incrementar la marginalización de la población, incrementar las brechas”, señala Aileen Agüero, investigadora del IEP especializada en temas de tecnologías de la información y comunicaciones. Esta brecha se puede apreciar con mayor claridad en áreas rurales, donde viven más de seis millones de peruanos según el censo de 2017. En aquellas zonas, según Osiptel, solo 38.2% de los hogares cuentan con un Smartphone.

Es más, según Telefónica, hay más de cinco millones de peruanos sin acceso a internet móvil de alta velocidad en zonas rurales. “Todo empieza por la conectividad, sin eso, nada del resto puede existir. ¿Qué haces con un dispositivo móvil si no lo tienes conectado?”, dice Agüero.

Además de esta brecha, también existe un mercado desaprovechado: las ventas por internet. Si bien se han incrementado durante la pandemia, la última Encuesta Nacional de Empresas de 2017 del Ministerio de la Producción señala que solo 4.4% de las empresas formales han concretado ventas por este medio. “La economía digital se encuentra en un nivel embrionario”, señala Huamán. El estudio también señala que 30.8% de las empresas formales cuenta con la página web y 39.9% tiene personal utilizando una computadora en el trabajo.

Esta situación peruana en plataformas y mercados digitales representa una cifra minúscula si observamos el mercado mundial, donde Estados Unidos y China concentran el 90% del mercado y cuentan con las 70 plataformas digitales más grandes del mundo. La participación de Europa en este tablero mundial es de solo 4% y la de África y América Latina, juntas, es solo de 1%.

La pandemia también ha obligado a decisiones nunca antes vistas, como la estrategia “Aprendo en Casa” del ministerio de educación (Minedu), que enseña de manera remota a los más de ocho millones de alumnos de la educación básica regular. Una de las medidas más comentadas ha sido la compra de 840 mil tablets con internet móvil, que serán destinadas a los escolares de las zonas rurales más alejadas, para que puedan acceder a los materiales de educación a distancia. Son 719 mil tablets con internet móvil destinadas a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria y todos los niveles secundarios del ámbito rural. También se dispone de 97 mil tablets para los maestros.

Alcanzarle estas herramientas digitales a esta población es una medida aprobada por expertos y la ciudadanía. Sin embargo, ¿será útil? “De qué sirve entregar tablets a los colegios, con la mejor tecnología, si los alumnos están en casa y no saben cómo utilizarlas”, señala Diana Tamashiro, gerente del programa Cisco Networking Academy, una iniciativa de la empresa privada para llevar alfabetización digital. Actualmente, el programa se encuentra en 180 países alrededor del mundo y han capacitado a más de 385 mil estudiantes peruanos.

La iniciativa de Cisco, que por la pandemia migró a cursos impartidos solo de manera online, está presente en más de 200 instituciones educativas en el Perú y cuenta con una comunidad de 800 profesores en el país. La Municipalidad de Lima puso a disposición sus cursos dentro de su web, El Minedu permitió acceder a ellos a través de “Aprendo en Casa”. Se ofrecen cursos gratuitos, orientados a desarrollar habilidades digitales, tecnológicas y computacionales.

Este esfuerzo de la empresa privada por la alfabetización digital es una posibilidad de aprendizaje dentro de un panorama fragmentado: también hay iniciativas en el sector público, pero no trabajan en conjunto. “No hay un solo ente que pueda integrar todos los distintos esfuerzos que hay por generar iniciativas de alfabetización digital”, Comenta Aileen Agüero.

¿Es necesario tener una política de alfabetización digital robusta y unificada? Los datos nos dicen que sí: Un estudio de OlaTICs de 2017 señala que el 50% de los peruanos no acceden a internet porque no saben cómo usarlo. El mismo estudio señala que casi tres de cada diez peruanos nunca ha utilizado internet (el 28.9%). Es más, un reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial de 2018, señala que el pilar menos competitivo del Perú es la “Adopción de Tecnologías de la Información”, con el puesto 94 de 140 economías evaluadas.

¿Y qué iniciativas públicas podemos encontrar? Está el Plan Nacional de Alfabetización Digital del Minedu (PNAD), que espera, a 2030, aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias digitales. También está la iniciativa de la Secretaría de Gobierno Digital, que implica contenido comprimido para consumirse a través de celulares y sirvan para aprenden tecnologías digitales. Y además encontramos los centros de acceso digital que implementa el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), ente adscrito al MTC, que brinda acceso público a internet y capacita y asesora a la población a utilizar programas y herramientas digitales en zonas rurales y de interés social (donde el Estado quiere que llegue la tecnología).

En la región hay varias iniciativas e instituciones que abogan por una alfabetización digital. En Colombia existe un ministerio de las tecnologías de la información, con programas para capacitar jóvenes por todo el país. Este ministerio asegura haber pasado de 100 mil ciudadanos con alfabetización digital en 2010 a 6 millones 700 mil en 2017. En Perú aún no se tienen datos para medir estos avances.

“Veo que hay varias iniciativas, pero cada una está desde su ámbito y/o sector”, comenta Agüero. Sin una alfabetización digital que incorpore a toda la población, resulta difícil hablar de otro concepto clave: la ciudadanía digital. Este concepto no es más que la posibilidad de relacionarse entre sí y con el resto de la sociedad utilizando todo el potencial que ofrecen las tecnologías de la información. Este ejercicio de la ciudadanía es distinto, debido a que no se hace en calles, plazas o lugares públicos, se ejerce viendo la pantalla de la laptop, la computadora o Smartphone.

En ese sentido, La Unión Europea cuenca con un marco de 21 competencias digitales en cinco áreas clave, que van desde la información y alfabetización de datos hasta seguridad; y toca temas de salud, bienestar digital y normas de comportamiento en internet. “Hay una serie de problemáticas que es necesario se discutan mucho más. Por ejemplo: no creer todo lo que lees en internet”, señala Agüero.

Para Marushka Chocobar, secretaria de gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), esta ciudadanía digital implica que los peruanos tengan conocimiento de sus derechos y deberes en el ámbito digital. “¿Cuándo se considera que una persona está incluida digitalmente? Cuando utiliza tecnología que le genere valor”, señala.

Hace cuatro años, en 2016, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un informe de gobernanza pública para el Perú. Una serie de medidas que debería tomar el país para tener un crecimiento inclusivo. Dentro de este documento, la organización daba algunas recomendaciones para una transición hacia un gobierno digital. La principal era establecerlo en el corazón de la reforma del sector público.

¿Qué quiere decir esto? Primero, un cambio de enfoque: pasar de un gobierno electrónico a un gobierno digital. Lo primero tiene que ver con un desarrollo de tecnologías de la información con una perspectiva legalista y técnica, dejando de lado lo más importante: el ciudadano.

“No miras la experiencia del ciudadano, no miras que sea entendible. No hay un proceso de investigación detrás antes de la fase de desarrollo”, señala Marushka Chocobar, sobre este enfoque estatal que existía hace unos años en cuanto a digitalización en el país. Ella está a cargo de la secretaria de gobierno digital, ente adscrito a la PCM creado a inicios de 2017 que reemplazó a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.

A partir de ese año fue creándose el marco legal de la secretaría, herramientas que le ayudaron a tener la rectoría y la capacidad de ejecución en temas digitales en todo el país. En 2018, se publica la ley de gobierno digital, importante para darle competencias a la secretaría en materias clave: arquitectura digital (lineamientos para hacer servicios digitales que ayuden y lleguen a millones de personas), servicios digitales, seguridad digital, interoperabilidad, entre otros.

En 2019 continuó la evolución de la secretaría: se lanza la plataforma “Gob.pe”, que centraliza los trámites estatales, se crea el laboratorio de gobierno y transformación digital (que permite a la secretaria vincularse con empresas privadas, sociedad civil, universidades y la academia) y se realiza el GORE Digital. “Estuvieron casi todos los gobernadores regionales hablando por dos días de plataformas digitales”, señala Chocobar.

En 2020 hubo dos hitos importantes: el decreto de urgencia 006-2020, que crea el sistema nacional de transformación digital en el Perú; y el decreto 007-2020, que define el marco de confianza digital, es decir, establece la protección de datos personales en el entorno digital y crea un centro de seguridad para coordinar medidas de protección digital en el Perú.

“Hoy tenemos una institucionalidad fuerte”, señala Chocobar. En Colombia hay una asesoría de transformación digital para la presidencia. En México, una coordinadora nacional digital. En Chile, una secretaría con un rango menor a la establecida aquí. Es durante este proceso legal, donde se estaba escribiendo los reglamentos de los decretos de urgencia, que llegó la pandemia.

La secretaría ha actuado, básicamente, en cuatro sectores durante el estado de emergencia: salud, seguridad, ayuda social y transparencia.

En salud, crearon el aplicativo “Perú en tus manos”, que permite hacer un triaje digital (conocer si tus síntomas coinciden con los de la covid-19), tener mapas de riesgo (lugares por donde se debe evitar transitar) y llenar encuesta nacional covid-19 para las regiones. Además del equipo de la secretaría, 43 personas del sector privado y la academia colaboraron con este aplicativo, que ha sido descargado por más de 1.5 millones de usuarios.

En seguridad, fueron los encargados de elaborar los pases de tránsito laborales. En la parte de ayuda social, colaboraron para llevar a la nube las líneas de atención 113 y 101 (es decir, que las personas puedan atender estas líneas desde su casa) y asistieron al sistema de pagos digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Banco de la Nación, El Ministerios de Desarrollo e Inclusón Social, entre otras instituciones estatales. Y en transparencia, hicieron públicos gastos del Ministerio de Economía y los bonos en la página web gob.pe/coronavirus.

Dentro de estas colaboraciones de la secretaría, sobresale un tema clave: la gestión de datos como activos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? “Sin datos, no podemos tomar decisiones. Si tomamos decisiones sin data confiable, los errores pueden ser muy graves”, señala Chocobar. En internet, los ciudadanos entregan muchísima información personal (ubicación, edad, acceso a servicios básicos, estado de salud, etc.). La idea es que, en cualquier intervención del sector público, se necesita tener los datos precisos para intervenir y que esa intervención tenga un impacto en la población.

Esta gestión de los datos está presente en la agenda digital al bicentenario, 21 compromisos que avanza la secretaria con miras al 2021. Entre los hitos más importantes de esta agenda, está la de digitalizar los 100 servicios públicos que concentran el 80% de la demanda de ciudadanos y empresas. “Para construirla, tuvimos más de 1000 interacciones directas con los ciudadanos. Salimos a caminar y preguntarle a la gente cómo la tecnología le puede generar valor”, señala Chocobar.

Un ejemplo puede ser el caso de la licencia digital de funcionamiento en el distrito de La Victoria. Para elaborarla, entrevistaron a 90 personas que tenían su negocio. “Aprendimos que los ciudadanos no entienden necesariamente los formularios que generamos. Por eso hay demoras, esa persona no sabe cómo llenar lo que hemos puesto a disposición”, comenta la encargada de la secretaría. Es por eso que sirve la investigación en campo: se le brinda al ciudadano soluciones y pierde menos tiempo. No olvidemos que, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018, el peruano tarda, en promedio, 8.6 horas para completar un trámite con el Estado, el peor tiempo en la región después de Bolivia (11,3 horas).

Así es que, en tres años, el gobierno ha intentado una transición a un gobierno digital. “Ha sido un proceso acelerado, pero no todos están enganchados”, señala Chocobar. Todavía hay equipos técnicos que se desarrollan como se desarrollaba antes de la transición. “Ese cambio de mentalidad es un reto que debemos enfrentar. No hay mucha disposición, por eso es un reto”, afirma.

Para que el sector sea sostenible, es necesario que la infraestructura en telecomunicaciones, es decir, los cables y antenas que trasladan y llevan el internet por el Perú, tengan un alcance nacional.

Si usted está haciendo una llamada o se encuentra navegando y no puede entrar a la página que solicita, quiere decir que su red está lenta, lo cual se deba probablemente a que en la zona en donde se encuentra, la cobertura es mínima.

Las antenas y estaciones base cumplen aquí una función importante: a más números de telefonía móvil (en 2019, Osiptel repotaba más de 40 millones de líneas móviles en el país) y más conectividad web, se necesita más infraestructura de telecomunicaciones. “Definitivamente hay una brecha de infraestructura que oscila entre 14 mil estaciones base”, señala Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones del MTC.

A esto hay que sumarle que el gasto de infraestructura en telecomunicaciones es grande. “Hay un mantenimiento de las redes, una expansión de las redes y una modernización de las redes”, señala Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores. Lo cierto es que, según estimaciones del Centro de Estudios de América Latina, la región necesitaría una inversión de 161 millones de dólares en infraestructura en telecomunicaciones para alcanzar los niveles de los países desarrollados. Solamente Perú necesitaría 35 millones de dólares de inversión.

Además, también está el problema con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, una inversión de 330 millones de dólares con una infraestructura de cableado de 13 500 kilómetros destinada a ser la “vía expresa” del internet en el Perú. Sin embargo, la red solo funciona a poco más del 15% de su capacidad, según un análisis de Osiptel.

“¿Es este el tráfico que se esperaba cuando se inició el contrato en 2014? No, se pensó que iba a ser mucho mayor”, señala la viceministra. Ocurre que la red dorsal se superpone en más del 60% con redes de operadoras privadas, que tienen alrededor del país más de 70 mil kilómetros de fibra óptica propia.

Entonces, hay un problema de oferta: la tarifa que cobra la concesionaria de la red Azteca (ente que firmó el contrato de concesión con el MTC en 2014) a las empresas operadoras es muy poco competitiva (27 dólares por el uso de la red dorsal). “La oferta del sector privado, que expandió muchísimo sus redes, absorbió muchísimo la demanda y el precio cayó de manera dramática”, señala Huamán.

Pongámoslo con un ejemplo: imagine que el Estado es un padre de familia y negocia un precio para que su hijo o hija se traslade al colegio con una movilidad. Cierran el acuerdo por 10 soles por cada traslado por diez años. Pasan cinco años, y el Estado se da cuenta que hay otras movilidades que realizan el mismo trayecto por cinco soles el traslado. Menor precio por una mayor oferta, pero el contrato ya está firmado.

¿Cómo resolver este problema? En 2018, el MTC ofreció una propuesta de adenda para flexibilizar la tarifa. Así el concesionario podía ofrecer precios más competitivos. Sin embargo, Azteca no aceptó estas condiciones.

Es más, actualmente, la concesionaria desea negociar la resolución del contrato por mutuo acuerdo. “La empresa quiere salir y nosotros estamos abiertos a lo que genera valor para los ciudadanos”, señala Nakagawa. Esta resolución se encuentra en proceso de evaluación con el ministerio de economía, la contraloría y Osiptel.

Sin embargo, la viceministra asegura que los 21 proyectos de redes regionales, que debían integrarse a la Red Dorsal para transportar internet de capitales de provincia a capitales de distrito (es decir, a lugares donde la cobertura aún es insuficiente) seguirán funcionando. “Nuestra mirada es entregarla (la Red Dorsal) al sector privado con un modelo de gestión distinto”, afirma la viceministra. Mientras se resuelve el contrato con Azteca, mantendrán contratado un “interventor” que tiene la obligación de operarla y mantenerla. Por el momento, la Red Dorsal es el “elefante blanco” de las telecomunicaciones en el país.