Un nuevo fallo de la Corte Suprema de EE.UU. ha abierto la puerta para que el gobierno federal deporte a inmigrantes no solo a sus países de origen, sino también a terceros países dispuestos a recibirlos. La resolución, tomada el 23 de junio, ha sido celebrada por el expresidente Donald Trump y su base conservadora como una victoria legal para endurecer la política migratoria.
En una breve orden sin firma, el máximo tribunal suspendió el bloqueo que un juez federal de Massachusetts había impuesto para frenar la deportación de ocho personas desde una base aérea en Yibuti, entre ellos ciudadanos de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y solo uno de Sudán del Sur.
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El contexto legal detrás del fallo
El caso había sido paralizado por el juez Brian Murphy, quien argumentó que los inmigrantes corrían peligro de ser enviados a un país —Sudán del Sur— donde podrían enfrentar tortura o condiciones inhumanas. El juez también subrayó la falta de garantías procesales para los afectados.
La legislación estadounidense prohíbe expresamente deportar a personas hacia territorios donde su vida o integridad estén en riesgo. Sin embargo, el nuevo fallo del Supremo permite al gobierno federal ejercer mayor discrecionalidad si el país receptor acepta a los deportados, incluso si este no es el país de origen del migrante.
Una decisión con implicancias inmediatas
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó que tras el fallo se reactivará la expulsión de los ocho inmigrantes que permanecen en Yibuti. “Ahora podemos ejercer plenamente nuestra autoridad legal”, señaló.
En mayo, el Departamento de Estado había retirado a su personal no esencial de Sudán del Sur por motivos de seguridad. No obstante, con esta nueva autorización, EE.UU. puede continuar su política de deportación a dicho país, lo que genera cuestionamientos sobre el respeto a derechos fundamentales.
Impulso a la agenda migratoria de Trump
Durante su presidencia, Trump hizo de la inmigración uno de los ejes de su campaña, implementando redadas, restricciones de ingreso y listas de países vetados. Este fallo refuerza su promesa de aplicar una política migratoria más estricta.
De hecho, el gobierno podría usar este precedente para aplicar medidas similares en otros casos, incluso en escenarios donde las condiciones humanitarias del país receptor sean controvertidas. La posibilidad de trasladar inmigrantes a “terceros países seguros” representa una herramienta poderosa para futuros gobiernos con agendas similares.
Aunque el fallo contó con el respaldo de seis jueces conservadores, los tres jueces progresistas advirtieron sobre las implicancias de enviar a personas vulnerables a países inestables, sin acceso al debido proceso. La decisión deja un precedente que puede transformar la política migratoria en los años por venir.
