La Cámara de Representantes aprobó la ley Laken Riley, que permite a las autoridades migratorias de EE.UU. a detener a inmigrantes indocumentados acusados de delitos como robo sin violencia. La normativa, que lleva el nombre de una joven universitaria asesinada por un inmigrante sin documentos, busca reforzar las políticas migratorias y ahora espera la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley.
El proyecto ha generado controversia no solo por sus implicancias legales, sino también por el respaldo bipartidista que recibió durante su trámite.
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Lo que dice la ley y sus controversias
Esta legislación permite el arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados involucrados en delitos considerados "no violentos". La normativa ha sido recibida con fuertes críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la definición de "no violentos" es ambigua y podría ser utilizada de forma arbitraria para justificar detenciones masivas. Además, se abre la posibilidad de que personas sin antecedentes criminales sean incluidas en esta categoría.
Con esta ley, el enfoque de las autoridades migratorias se amplía, poniendo en la mira no solo a quienes representan una amenaza para la seguridad pública, sino también a aquellos cuya única falta ha sido el ingreso irregular al país. Esto ha generado temor entre las comunidades inmigrantes, que ven en esta legislación un peligro inminente para su permanencia.
Los inmigrantes que también están en la mira
Además de los inmigrantes que contempla la normativa, esta amplía su alcance apuntando a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Uno de los objetivos más ambiciosos de esta legislación es la detención y expulsión de al menos un millón de extranjeros en el primer año de implementación, una meta confirmada por las autoridades migratorias.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que la ley permitirá actuar con mayor libertad, incluso en espacios previamente considerados "zonas sensibles". Estas áreas, protegidas por las políticas de la administración Biden, incluían escuelas, iglesias y hospitales, pero ahora serán accesibles para los agentes de ICE en la búsqueda de inmigrantes indocumentados.
La ley también prioriza la detención de cualquier persona que haya ingresado al país sin pasar por un puerto de entrada oficial, así como aquellos con órdenes de deportación vigentes o que carezcan de un estatus migratorio formal. Esta categorización más amplia pone en la mira a millones de personas, generando preocupación y alarma en comunidades que podrían verse directamente afectadas.
La problemática de las 'ciudades santuario' y los 'lugares sensibles'
La aprobación de la ley Laken Riley también ha puesto en jaque el concepto de "ciudades santuario", aquellas jurisdicciones que históricamente se han negado a cooperar con las autoridades federales para la detención de inmigrantes indocumentados. Con la nueva normativa, estas ciudades podrían enfrentarse a la presión del gobierno federal para cumplir con las órdenes de detención y deportación. Esto supone un cambio drástico en la política migratoria y abre un nuevo frente de conflicto entre los estados y el gobierno central.
Los llamados "lugares sensibles" también han dejado de ser un refugio seguro. Bajo las nuevas directrices, las escuelas, iglesias y hospitales podrán ser intervenidos por agentes del ICE para realizar operativos de detención. Esto no solo genera incertidumbre entre las comunidades inmigrantes, sino que también plantea dilemas éticos para las instituciones involucradas, que deberán decidir cómo responder ante estas incursiones.
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