Una nueva disposición federal empezará a aplicarse desde junio de 2025 y afectará los ingresos mensuales de miles de jubilados y personas con discapacidad en Estados Unidos. La administración Trump ha decidido reactivar una medida que permite descontar parte del Seguro Social para cobrar deudas estudiantiles impagas, lo que impactará directamente en la estabilidad económica de quienes dependen de estos pagos para sobrevivir.
La decisión contempla una reducción automática del 15% sobre los pagos mensuales del Seguro Social o de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a quienes tengan préstamos estudiantiles en mora. Esta retención aplicará cuando no se haya establecido un plan de pago aprobado o una solicitud de indulgencia válida. A pesar de las críticas, el gobierno insiste en que la medida responde a una política de “responsabilidad fiscal”.
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Cómo funcionará la retención mensual del seguro
El recorte se aplicará sobre el monto que exceda los U$D 750 mensuales, umbral protegido según las normas del Departamento del Tesoro. Por ejemplo, si una persona recibe U$D 1 200 al mes, podrían descontarle hasta U$D 67.50. Aunque el porcentaje de recorte es fijo, existen límites mínimos para evitar dejar a los beneficiarios en condiciones de extrema precariedad. El objetivo oficial es recuperar préstamos impagos, algunos de los cuales datan de hace varias décadas.
Advertencias y críticas desde organizaciones sociales
Diversas agrupaciones defensoras de derechos de adultos mayores han levantado la voz ante lo que consideran una política injusta. Organizaciones como Justice in Aging sostienen que la medida impactará de forma desproporcionada a personas vulnerables.“Quitarle dinero a jubilados o personas con discapacidad para pagar deudas estudiantiles de hace 20 o 30 años es cruel e injusto”, declaró uno de sus voceros. También se advierte que este tipo de políticas perpetúan ciclos de pobreza y afectan el acceso a necesidades básicas como salud, vivienda y alimentación.
Las personas afectadas aún pueden tomar medidas para evitar la retención. Algunas opciones son:
- Solicitar un plan de pago basado en ingresos, que puede frenar el embargo.
- Aplicar para una condonación por discapacidad total y permanente.
- Pedir una indulgencia o aplazamiento temporal si se justifica la situación económica.
- Contactar al administrador de préstamos para negociar condiciones o apelar la medida.
impacto potencial de la medida
Según cifras del Gobierno de Responsabilidad Fiscal (GAO, por sus siglas en inglés), más de 114 000 personas mayores de 60 años estaban en mora con sus préstamos estudiantiles al cierre de 2024, y al menos 30 000 de ellas reciben pagos del Seguro Social. El impacto previsto es considerable: decenas de miles de hogares verán reducidos sus ingresos en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.
La reactivación de estos recortes marca un giro en la política fiscal bajo la administración Trump, que prioriza la recuperación de fondos federales por encima de las condiciones sociales de los sectores más vulnerables. Mientras tanto, organizaciones sociales instan a los beneficiarios a buscar ayuda legal gratuita o asesoramiento financiero para evitar que sus ingresos sean recortados sin recurso alguno.
