por Hiroki Kanai
Periodista
Actualizado el
Texas ha dado un paso más en su política migratoria al afectar directamente a los estudiantes universitarios indocumentados. A partir del semestre de otoño, estos jóvenes deberán pagar la matrícula completa como no residentes en las universidades públicas del estado, perdiendo el beneficio de las tarifas reducidas que hasta ahora les permitían continuar con su formación académica.
Según una carta enviada por el comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, las universidades están obligadas a identificar a los alumnos indocumentados que anteriormente accedían a la matrícula reducida y ajustar sus pagos para el próximo periodo académico. Esta decisión afecta a cientos de estudiantes que habían logrado matricularse bajo criterios de residencia estatales.
Hasta este cambio, los indocumentados podían acceder a la matrícula estatal si demostraban haber vivido en Texas por al menos tres años antes de terminar la secundaria y un año antes de ingresar a la universidad. También debían firmar una declaración jurada comprometiéndose a solicitar la residencia legal.
Te recomendamos
La nueva medida adoptada en Texas para estudiantes indocumentados
La normativa actual impone que los estudiantes sin documentación regular paguen como no residentes, lo que en muchos casos duplica o triplica el costo de su educación. Las universidades deberán implementar este cambio desde el próximo semestre y revisar el estatus migratorio de quienes accedían a tarifas reducidas.
Esta medida no llega sola. En febrero, el Senado estatal presentó el proyecto de ley SB 1205, que busca limitar aún más el uso de fondos públicos en la educación de personas indocumentadas. La propuesta plantea modificar el Código de Educación para prohibir que los distritos escolares subsidien la educación de estudiantes sin estatus legal.
El proyecto también exige que las escuelas documenten el estatus migratorio de los alumnos y reporten la información a las autoridades. Si los distritos no cumplen, podrían perder acceso a recursos estatales. Aunque aún no ha sido aprobado, el proyecto podría entrar en vigor el 1 de septiembre.
