Las recientes acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida han generado una nueva controversia, esta vez relacionada con la visita de agentes a un refugio privado de menores en los Cayos. El hecho ha causado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes consideran que estas medidas sobrepasan los límites éticos y legales en el trato a familias migrantes.
Según informó un medio local, los agentes no ingresaron al refugio, pero se mantuvieron vigilando desde el estacionamiento con el objetivo de ubicar a padres indocumentados de uno de los niños alojados allí. Para muchos, esto representa un uso alarmante de programas diseñados para la protección de menores, ahora utilizados con fines de control migratorio.
El medio también señaló que esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump durante su segundo mandato, que incluye redadas dirigidas a menores no acompañados y recortes a los fondos destinados a su defensa legal, además del envío de agentes a los hogares donde son liberados.
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Grupos pro inmigrantes se expresaron
La reacción no se hizo esperar. Organizaciones sociales y parte de la opinión pública denunciaron que la vigilancia en entornos protegidos, como refugios de niños, representa una amenaza directa al bienestar de los menores. Sin embargo, desde la Casa Blanca, la versión fue completamente distinta.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que no se trató de una operación contra migrantes, sino de “verificaciones de bienestar” para garantizar que los niños no estuvieran siendo explotados. La administración también acusa al gobierno de Joe Biden de haber perdido el rastro de miles de menores tras su llegada a la frontera.
El zar fronterizo Tom Homan respaldó estas declaraciones, señalando que muchos de estos niños fueron víctimas de trata y que el gobierno actual está interviniendo para rescatarlos.
