El gobierno del presidente Joe Biden ha resuelto una demanda judicial que permitirá la reapertura total del Centro de Procesamiento de Adelanto, ubicado a poco más de 100 kilómetros de Los Ángeles, California. Esta instalación, con capacidad para 1940 camas pero actualmente ocupada solo por tres personas, estuvo limitada por una orden judicial desde 2020 debido a preocupaciones relacionadas con la pandemia de Covid-19.
La decisión llega en un momento políticamente sensible, ya que en menos de dos semanas el presidente entrante, Donald Trump, asumirá el cargo con un plan agresivo de deportaciones masivas. Esta acción ha sido calificada como una alfombra roja hacia las políticas migratorias más duras que se esperan bajo el mandato republicano.
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Críticas al manejo de la administración Biden
La resolución ha generado una fuerte reacción entre activistas proinmigrantes y algunos líderes demócratas. Nicolette Glazer, abogada de inmigración radicada en California, expresó su descontento a través de X (antes Twitter): “La administración Biden y el Departamento de Justicia están extendiendo la alfombra roja ante la máquina de deportación de Trump”.
Por su parte, Hardeep Sull, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, criticó duramente la decisión con un mensaje contundente: “¡Esa sí que es una forma de estropear la Nochebuena! ¡El legado de Biden contra la gente!”.
La polémica también alcanza a organizaciones locales y defensores de los derechos humanos, quienes señalan que la reapertura del centro envía un mensaje contradictorio respecto a las promesas del actual gobierno de adoptar un enfoque más humanitario en la política migratoria.
Capacidad y antecedentes del centro de Adelanto
Con un diseño para alojar a casi 2 mil personas, el centro de detención de Adelanto es el más grande de su tipo en Estados Unidos. Sin embargo, desde 2020 ha operado bajo restricciones impuestas por un tribunal federal debido a los riesgos de salud pública durante la pandemia.
Antes de la intervención judicial, este centro ya había enfrentado críticas severas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron condiciones de hacinamiento, atención médica insuficiente y falta de supervisión. Aunque se había planeado su cierre definitivo en diciembre pasado, una evaluación de 60 días por parte de ICE cambió el rumbo de la instalación.
BREAKING AND HORRIBLE IMMIGRATION LEGAL NEWS:
— Nicolette Glazer (@NicoletteGlazer) December 24, 2024
Biden Admin and Class counsel in the long-running Roman case (Adelanto COVID-19 closure and intake restriction order) have reached a settlement, subject to Court's approval, to lift the intake order (meaning the largest for-profit… pic.twitter.com/vl6UlALPms
