La ciudad de South Miami, en el condado de Miami-Dade, busca que un juez determine si la Policía debe colaborar con las autoridades federales de inmigración. El alcalde Javier Fernández lidera esta iniciativa para proteger a los inmigrantes indocumentados de las políticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis.
El alcalde Fernández propuso llevar la cuestión ante los tribunales para definir si su departamento de policía debe interrogar y arrestar a inmigrantes. La decisión surgió después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtiera no firmar el acuerdo para adherirse al programa 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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Presiones políticas
Fernández criticó las motivaciones políticas detrás de estas exigencias: “Tenemos que ser conscientes de que operamos en un entorno donde algunos buscan ganar puntos políticos primero. ¿Y saben qué? No me importa. Lo que quiero es vivir en una sociedad donde operemos bajo el Estado de derecho”.
El alcalde propuso inicialmente limitar la autoridad del administrador municipal para firmar acuerdos con agencias federales, pero el Concejo optó por consultar a un juez. La ciudad analiza cómo el programa 287(g) afectaría su exposición a riesgos, seguros y acuerdos laborales.
Cabe señalar que más de 100 agencias policiales en Florida ya se unieron al programa 287(g), el mayor número en el país estadounidense. Recientemente, ciudades como Key West, Tampa, St. Petersburg y Coral Gables firmaron acuerdos.
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