El Senado de Texas aprobó recientemente un proyecto de ley que refuerza la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para deportar a inmigrantes indocumentados.
Denominada SB 8, la medida obliga a los alguaciles de condados con más de 100 mil habitantes a firmar acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que les permitirá actuar como agentes migratorios. Con este paso, Texas busca endurecer su postura contra la inmigración ilegal.
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Próximos pasos en torno a SB 8
Tras su aprobación en el Senado, donde recibió nueve votos a favor y dos ausencias en el Comité de Asuntos Estatales, el proyecto ahora se encuentra en la Cámara de Representantes de Texas. Allí, los legisladores podrían aprobarlo, modificarlo o vetarlo.
Si se realizan cambios significativos, el Senado deberá revisarlos antes de dar luz verde final. Finalmente, si el texto es aprobado sin modificaciones o tras negociaciones, el gobernador Greg Abbott decidirá si lo firma o lo rechaza.
Aunque el gobierno texano planea ofrecer subsidios a los sheriffs que necesiten financiamiento para cumplir con los nuevos requisitos, el proyecto ha generado fuertes críticas. Defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores demócratas advierten que podría derivar en perfilamiento racial y separación de familias.
Según lo aprobado, si supera todas las etapas, SB 8 entraría en vigor el 1 de enero de 2026, marcando un antes y un después en la relación entre las autoridades locales y las leyes federales de inmigración.
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