El condado de San Jacinto procesó casi 300 casos de delitos menores en 2024. En esta región de Texas, enclavada en los pinares del estado, muchos acusados probablemente tenían derecho a optar a un abogado pagado por el gobierno. No obstante, el condado informó que solo había proporcionado un abogado a nueve personas.
A más de 640 kilómetros al noreste, el condado de Wilbarger también tuvo unos 300 casos de delitos menores ese año. Asignó abogado a 15 acusados. Y en el extremo oriental de Texas, el condado de Shelby, el más pobre de los tres, se enfrentó a 307 casos. Nueve acusados recibieron abogados de oficio.
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Denegación de abogados para desempleados y desahuciados
En algunos condados de Texas que han invertido en oficinas de defensores públicos, la defensa de los indigentes se ha transformado. Poco después de asumir el cargo en 2015, DJ Wagner, juez del condado de Deaf Smith, empezó a recibir críticas de la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas por ignorar o denegar casi siempre las solicitudes de abogados.
Solía dictaminar que los acusados no habían llenado por completo los formularios sobre sus finanzas, a pesar de que los auditores de la comisión dijeron que los formularios que revisaron por lo general parecían completos.
Después de que la oficina del sheriff acusara a Aurelio Ferrer, de 41 años, de amenazar de muerte a alguien durante una discusión en estado de embriaguez en 2023, este pidió un abogado, señalando en un formulario jurado que estaba desempleado, había sido desahuciado recientemente y vivía de cupones de alimentos.
Dijo que su único bien era un Mazda de 2009 valorado en unos U$D 3 500. Wagner dictaminó que el formulario estaba incompleto y denegó su solicitud de abogado.
Al no poder pagar su fianza de U$D 500, Ferrer esperó en la cárcel durante 75 días antes de comparecer ante el tribunal, donde se declaró culpable a cambio de ser puesto en libertad. Ferrer declaró posteriormente al Times que no había amenazado a nadie durante la discusión.
