En Miami, Florida, las autoridades locales firmaron un acuerdo que permite que ciertos oficiales de policía trabajen en coordinación con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este tipo de convenio se conoce como acuerdo 287(g) y otorga a los policías capacitación especial para realizar funciones relacionadas con la ley migratoria.
El acuerdo busca reforzar la seguridad local, pero también ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que podría aumentar los casos de detención y deportación de inmigrantes, incluso por infracciones menores. Comprender cómo funciona este acuerdo es fundamental para las personas que viven o transitan por la ciudad.
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Así funciona el acuerdo 287(g) en Miami
El acuerdo 287(g) permite que oficiales de la policía local actúen como agentes federales de inmigración dentro de sus funciones habituales. Estos oficiales reciben capacitación específica por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar a personas con estatus migratorio irregular y colaborar en procedimientos de detención o deportación.
En el caso de Miami, este acuerdo aplica principalmente a los oficiales que trabajan dentro de centros de detención, como cárceles locales. Su función principal es revisar el estatus migratorio de las personas arrestadas por otros motivos, aunque no necesariamente por delitos graves.
Cuando un inmigrante es arrestado, los oficiales capacitados bajo el acuerdo 287(g) pueden revisar su historial migratorio y, si detectan irregularidades, notificar al ICE para que tome las acciones correspondientes. Esto significa que incluso una detención por faltas menores podría derivar en procedimientos migratorios si la persona no tiene la documentación adecuada.
Este programa ha sido criticado por organizaciones civiles y líderes comunitarios, quienes advierten que puede generar desconfianza entre las comunidades inmigrantes y desincentivar la denuncia de delitos por temor a ser deportados.
Sin embargo, las autoridades locales aseguran que el objetivo del acuerdo es mejorar la seguridad pública y que se priorizan los casos de personas con antecedentes penales graves.
