Una empleada del Seguro Social enfrenta una acusación federal por un presunto fraude millonario en Puerto Rico. Myrna Faria, también conocida como Myrna Oliveras-Santiago, está acusada de 17 cargos, incluido el robo de fondos gubernamentales por un total de más de U$D 1.8 millones.
La acusación alega que Faria malversó beneficios del seguro de jubilación y sobrevivientes, así como pagos auxiliares, a los que no tenía derecho, utilizando identidades de personas fallecidas.
Durante su empleo desde 1991 hasta 2019, Faria supuestamente presentó reclamos falsos en nombre de otras personas y aprobó esos reclamos fraudulentos. Además, se afirma que utilizó su propia información bancaria para recibir los fondos de manera fraudulenta. Hasta la fecha de la acusación, se alega que Faria había presentado y aprobado 13 reclamos fraudulentos, con 10 aún activos y recibiendo fondos.
10 años por los millones
Las autoridades federales, incluyendo la Fiscalía de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, están llevando a cabo la investigación. La acusada enfrenta penas máximas significativas, incluidos hasta 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno y hasta 20 años por fraude postal, entre otros cargos.
La acusación de Faria arroja luz sobre presuntas irregularidades dentro de la Administración del Seguro Social y resalta la importancia de salvaguardar los fondos gubernamentales. Se presume la inocencia de la acusada hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. La fiscal federal adjunta especial Vanessa Bonano-Rodríguez está a cargo del caso
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