Una nueva maniobra del gobierno de Donald Trump dejó a más de 6 000 inmigrantes legales en Estados Unidos sin acceso a servicios básicos. Clasificados como fallecidos en una base de datos federal, sus números de Seguro Social fueron desactivados, comprometiendo su identidad financiera y su vida cotidiana.
El llamado "asesinato digital" fue denunciado por activistas y expertos en derechos humanos como una estrategia extrema que golpea directamente a quienes residían legalmente bajo programas migratorios anteriores. Ahora, privados de su número de Seguro Social, los afectados enfrentan obstáculos burocráticos para operaciones tan simples como abrir una cuenta bancaria, acceder a beneficios públicos o realizar trámites legales básicos.
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Gobierno justifica la eliminación como parte de su política migratoria
Desde la Casa Blanca, se defendió la medida como un esfuerzo para disuadir la inmigración ilegal. Un portavoz oficial argumentó que eliminando incentivos económicos se fomentaría la autodeportación. Sin embargo, esta postura choca con la realidad: las personas afectadas cuentan con estatus migratorio legal en Estados Unidos y fueron autorizadas a permanecer en el país.
El traslado de sus nombres y números al "Archivo Maestro de Defunciones" equivale a borrarlos virtualmente del sistema. Esta base de datos, administrada históricamente para registrar fallecimientos desde 1899, tiene consecuencias directas sobre la identidad y la elegibilidad para recibir servicios federales. Al quedar registrados como fallecidos, pierden no solo beneficios sociales, sino también el acceso a una vida financiera activa y a derechos fundamentales.
Los perfiles de los afectados y la falta de pruebas oficiales
Más de 6 300 inmigrantes vieron cancelada su libertad condicional tras ser incluidos en la medida. Según trascendió, los afectados serían:
- Extranjeros en libertad condicional temporal.
- Personas presuntamente relacionadas con listas de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
- Inmigrantes que, según las autoridades, tendrían antecedentes penales en registros del FBI.
No obstante, las autoridades no han presentado pruebas concretas que respalden estas acusaciones, lo que ha encendido aún más las críticas.
La inclusión de individuos vivos en el Archivo marca un precedente sin paralelo. Hasta ahora, esta base solo confirmaba fallecimientos y su alteración representa un golpe a la transparencia institucional. Además, en un movimiento que refuerza la exclusión, la Casa Blanca habría comenzado a referirse internamente al registro como "Archivo Maestro de Inelegibles", ampliando así su alcance más allá de su propósito original.
El impacto real sobre miles de vidas
El último paso de esta operación se ejecutó el 8 de abril, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) notificó por escrito a los afectados la cancelación de su libertad condicional. Desde entonces, los inmigrantes involucrados enfrentan un limbo legal y financiero, atrapados en un sistema que los considera muertos, pero que no les ofrece vías claras para corregir el error o recuperar su identidad oficial.
La falta de mecanismos de apelación inmediatos agrava aún más el drama de miles de familias, quienes ahora viven bajo la amenaza de perder su estabilidad económica y su permanencia legal en Estados Unidos, a pesar de haber cumplido todas las normativas exigidas por el sistema migratorio vigente.
