El Proyecto de Ley del Senado 132 de California, en vigor desde 2021, permite que individuos que se identifican como mujeres, no binarios o de género fluido cumplan sus condenas en cárceles para mujeres en Estados Unidos, independientemente de si han pasado por una cirugía de reasignación de género.
Esta ley fue diseñada para proteger los derechos y la seguridad de las personas transgénero y no conformes con el género, permitiéndoles ser encarcelados en instalaciones que correspondan a su identidad de género.
Fuerte controversia
La implementación de esta ley ha generado una fuerte controversia y ha sido objeto de impugnaciones legales. Demandantes han argumentado que la ley viola derechos constitucionales, incluyendo el derecho al libre ejercicio de la religión y protección contra castigos crueles e inusuales.
Sin embargo, la jueza de distrito Jennifer Thurston desestimó recientemente una de estas demandas, citando precedentes judiciales y la inmunidad otorgada por la Undécima Enmienda a las agencias estatales como el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).
El CDCR, encargado de revisar las solicitudes de transferencia, asegura que cada caso es evaluado rigurosamente para determinar cualquier riesgo potencial para la seguridad y administración de las prisiones. Además, la agencia investiga todas las acusaciones de abuso sexual y mala conducta conforme a su política de tolerancia cero y la Ley federal de eliminación de violaciones en prisión.
Según el CDCR, la ley no solo protege a los reclusos transgénero, sino que también mantiene un enfoque en la seguridad general de las prisiones.
Mujeres en peligro
A pesar del fallo judicial a favor de la ley, las preocupaciones sobre su implementación persisten. Grupos como el Frente de Liberación de las Mujeres continúan denunciando incidentes de abuso y violaciones de derechos dentro de las prisiones.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos transgénero, como Lambda Legal, han celebrado la decisión del tribunal, argumentando que es fundamental para la seguridad y dignidad de las personas transgénero encarceladas.
La disputa en torno al Proyecto de Ley del Senado 132 destaca la complejidad de equilibrar los derechos individuales y la seguridad dentro del sistema penitenciario.
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