por Redacción USA
Periodista
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El estado de Florida añadirá una nueva fecha conmemorativa a su calendario. El viernes 23 de mayo, Ron DeSantis, el gobernador, firmó una serie de leyes que entrarán en vigor próximamente, en julio de este año. Una de ellas es la ley SB 356, que establece cada 27 de enero como “Día de Conmemoración del Holocausto”.
Dado que esta ley entra en vigor el 1 de julio de 2025, su primera observación será el 2026, y tendrá repercusiones en las actividades de las escuelas floridanas. De acuerdo a los legisladores que promovieron la ley, esta medida busca combatir una “tendencia creciente de antisemitismo y ataques a las personas judías”.
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La fecha conmemorativa significará la realización de actividades especiales en los colegios, así como deberá ejercerse de manera pública en el Capitolio del estado. Pretende dotar a las instituciones de herramientas que les permitan promover el recuerdo y reflexión acerca de los millones de víctimas asesinadas durante el Holocausto por el régimen nazi. Incluso si el 27 tiene lugar un fin de semana, la ley contempla que las actividades de conmemoración en las escuelas se realicen sin falta en el siguiente día hábil.
La ley impulsa a los colegios a que instruyan a sus estudiantes acerca de “los dañinos impactos del Hoclocausto y el antisemitismo” y a “destacar los aportes de la comunidad judía a la humanidad”.
El “antisemitismo” en el contexto de la administración Trump
De acuerdo a la demócrata Debrah Tendrich, más de 1200 incidentes relacionados al acoso, vandalismo, propaganda y agresiones antisemitas, entre otras acciones, han sido reportados en el estado de Florida durante los últimos años.
Sin embargo, y pese a los fines educativos y de conmemoración que podría tener esta ley en un contexto diferente, es importante destacar que en los últimos meses el gobierno federal ha utilizado el pretexto del antisemitismo para rechazar y reprimir protestas propalestinas en diferentes campus universitarios en todo el país. Asimismo, se han desplegado medidas punitivas financiera y administrativamente contra las instituciones que se han negado a plegarse a las demandas federales.
