por Hiroki Kanai
Periodista
Actualizado el
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa aplicando el proceso de deportación acelerada en distintos estados del país, una medida que permite expulsar rápidamente a ciertos inmigrantes sin audiencia ante un juez. Esta política, intensificada bajo la administración Trump, también ha sido parcialmente mantenida por el gobierno de Joe Biden, especialmente en casos de cruces fronterizos recientes.
La deportación rápida ha sido motivo de preocupación entre grupos defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre la falta de garantías legales para los afectados. Este mecanismo impide que muchas personas puedan presentar su caso ante un tribunal de inmigración, lo que aumenta el riesgo de que se cometan errores o se vulneren derechos.
Aunque parece un proceso sin salida, aún existen oportunidades legales para los inmigrantes si actúan con rapidez y con el respaldo adecuado.
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Los métodos para evitar la deportación acelerada
Las principales estrategias para detener este procedimiento incluyen declarar miedo a la persecución en el país natal, solicitar protección por asilo o demostrar la presencia prolongada en Estados Unidos. También es clave contactar a un abogado lo antes posible y recabar pruebas que respalden el caso. Aunque el tiempo es limitado, estas acciones pueden marcar la diferencia.
Cabe señalar que la deportación acelerada no es una política nueva. Fue aprobada originalmente en 1996, durante el mandato del demócrata Bill Clinton, a través de la Ley IIRIRA. Desde entonces, ha sido utilizada por administraciones tanto republicanas como demócratas.
Durante el gobierno de Obama, en 2013, se alcanzó el mayor número de deportaciones rápidas, con unas 200,000 personas expulsadas bajo este mecanismo. Desde mayo de 2023, se han registrado promedios mensuales de hasta 20,000 deportaciones aceleradas, reflejando que esta política sigue activa y con fuerte impacto.
