Una nueva regla en Estados Unidos obligará a los beneficiarios de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a cumplir con 80 horas mensuales de trabajo, estudio o voluntariado si desean conservar su cobertura. Aunque se plantea como una solución para impulsar el empleo, análisis recientes y antecedentes estatales indican que la medida podría tener efectos opuestos.
Desde abril de 2025, quienes tengan entre 19 y 64 años deberán demostrar de forma bimensual que cumplen con este requisito. Sin embargo, tanto investigadores como organismos independientes sostienen que esta norma genera más burocracia que oportunidades, y pone en riesgo el acceso a servicios esenciales de salud y alimentación.
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Experiencias previas revelan consecuencias negativas
Arkansas fue uno de los primeros estados en imponer esta medida dentro del programa Medicaid. El resultado fue la pérdida de cobertura para unas 18 000 personas, muchas de las cuales cumplían los requisitos pero no lograron completar el papeleo correctamente. El empleo, en cambio, no mostró mejoras significativas.
Georgia también implementó un programa similar, “Pathways to Coverage”. Pese a haber proyectado 250 000 inscripciones, solo 12 000 personas lograron acceder a él. Los motivos fueron claros: trámites complejos y un elevado costo administrativo. La promesa de eficiencia se diluyó en procesos lentos y confusos, y con escaso impacto en el mercado laboral.
La mayoría ya trabaja o está exceptuada
Contrario a la idea de que muchos beneficiarios evitan trabajar, estudios del Commonwealth Fund demuestran que el 64% de las personas con Medicaid ya tienen empleo, mientras que solo el 8% no trabaja ni debería estar exceptuado. Esto significa que el nuevo requisito se dirige a una minoría poco significativa, mientras afecta a una mayoría ya activa o vulnerable.
Investigadores de Harvard coinciden: “Un requisito de trabajo probablemente no aumente las tasas de empleo... más bien, probablemente aumente la carga de tener que reportar”. Es decir, no se trata de incentivar el trabajo, sino de introducir más filtros que derivan en exclusión.
Millones podrían quedar fuera del sistema de salud
La principal consecuencia de esta política sería la pérdida masiva de cobertura médica. Según estimaciones de Harvard, el Commonwealth Fund y la Universidad George Washington, entre 4.6 y 5.2 millones de adultos podrían quedar fuera del Medicaid para 2026. Esto afectaría especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas o que ya cuentan con un empleo informal o inestable.
Además, estos cambios tendrían un impacto negativo en la economía local. Al haber menos personas cubiertas, se reduce el consumo en farmacias, clínicas y negocios vinculados al cuidado de la salud. También se prevé una caída de hasta 449 000 empleos en el sector sanitario, afectando la recaudación estatal y ampliando las brechas de acceso.
Más trabas, menos resultados
Lejos de incentivar el empleo, estos requisitos laborales elevan los costos de gestión para los estados sin obtener beneficios tangibles. Las personas pierden cobertura no por desinterés en trabajar, sino por fallos administrativos o desconocimiento de procesos complejos.
Para los expertos, esta política representa una carga adicional para las poblaciones más vulnerables, al tiempo que mina los pilares de salud pública y estabilidad social. La historia ya ha mostrado que este tipo de medidas no funcionan. Aun así, el gobierno federal insiste en repetir un modelo que prioriza la apariencia de control sobre el bienestar ciudadano.
