Decenas de millas de empleados federales con base en San Diego, California, tienen hasta el jueves 13 de febrero para decidir si permanecen en sus trabajos o renuncian, bajo un programa de separación introducido por la administración Trump.
El 28 de enero por la Oficina de Gestión de Personal envió un correo a más de 2 millones de trabajadores federales del país en un mensaje titulado “Fork in the Road” (Bifurcación en el Camino), con un plazo para comprometerse a renunciar, y seguir recibiendo salario y beneficios hasta septiembre, o permanecer en sus trabajos “como parte de una fuerza laboral federal mejorada” en Estados Unidos.
No obstante, los trabajadores denunciaron que el correo electrónico está lleno de ambigüedades y contradicciones. Los cambios incluyen el mandato de regreso a la oficina, el uso de licencias sin goce de sueldo y la reclasificación al estatus de empleo “a voluntad”, donde el empleador puede despedir al trabajador.
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Excepciones a esta medida
La mayoría de las agencias federales están sujetas al memorando del gobierno federal. Las excepciones incluyen a los miembros activos del Servicio Militar, el Servicio Postal de EE.UU., los trabajadores descritos por la OPM como parte de la aplicación de inmigración, la seguridad pública y la seguridad nacional, y algunas otras posiciones seleccionadas.
La región de San Diego es un centro para trabajadores federales militares y civiles. Las agencias federales con presencia incluyen el Departamento de Justicia, las agencias de control fronterizo y de la ley, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de la Armada y el Departamento de Defensa.
Se estima que 64 469 empleados civiles estaban basados en los cinco distritos congresionales del condado, según un informe de diciembre de 2024 del Servicio de Investigación del Congreso. Esto no incluye a los empleados del Servicio Postal de los EE.UU., el Departamento de Justicia y varias agencias de la ley, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
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