A partir del 1 de julio, California implementará un conjunto de nuevas leyes que transformarán la vida cotidiana de sus residentes. Estas medidas legislativas apuntan a reforzar los derechos del consumidor, prevenir el robo minorista, ajustar tarifas en servicios de alquiler temporal, mejorar el acceso a tratamientos médicos y elevar el salario mínimo en varias ciudades. Las normativas reflejan un cambio claro hacia políticas más estrictas y orientadas a la transparencia y el bienestar social.
Estas son las leyes entran en vigor en California desde el 1 de julio
Una de las reformas más destacadas está vinculada a las suscripciones pagadas. La Ley AB 2863 exigirá a las empresas obtener el "consentimiento afirmativo" de los consumidores antes de renovar una suscripción, especialmente tras el fin de una oferta promocional. Esto protege a los usuarios de cargos automáticos indeseados, obligando a las compañías a solicitar una confirmación explícita para continuar el servicio.
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Otra de las nuevas normas afecta directamente a los mercados digitales. Plataformas como eBay y Facebook Marketplace deberán implementar mecanismos para detectar y evitar la venta de bienes robados. En caso de sospechas fundadas, las compañías estarán obligadas a notificar a las autoridades, con el objetivo de proteger a los consumidores de posibles fraudes o estafas.
La estrategia del gobierno californiano se basa en una combinación de regulación preventiva y medidas sancionatorias. Por ejemplo, los alojamientos de corto plazo, como los ofrecidos en Airbnb, deberán detallar de manera clara cualquier tarifa adicional por limpieza. No hacerlo podría costarles hasta U$D 10 000 en multas. La iniciativa busca frenar abusos y fomentar la transparencia en el cobro de servicios.
En paralelo, varias ciudades californianas ajustarán su salario mínimo. A modo de referencia: Berkeley y San Francisco subirán a U$D 19.18 por hora, mientras que Emeryville liderará con U$D 19.90. Esta actualización busca equilibrar el costo de vida con ingresos dignos en distintas regiones.
Por último, en el área de salud, se reforzarán medidas como la impresión obligatoria de la línea 988 de prevención del suicidio en escuelas. Además, se actualizará la Ley CARE para garantizar atención judicial a personas con trastornos mentales severos, y empresas con más de 100 empleados deberán ofrecer cobertura para tratamientos de fertilidad.
