Nuevo golpe para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. El pasado lunes 23 de junio, la Corte Suprema emitió un fallo a favor del presidente Donald Trump, permitiendo al gobierno llevar a cabo deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales hacia "terceros países", incluso si no tienen lazos previos con esas naciones.
Con esta decisión, las autoridades migratorias podrán enviar a personas extranjeras a países distintos a su nación de origen. Un ejemplo reciente ocurrió a inicios de año, cuando ocho individuos de diferentes nacionalidades fueron enviados a Sudán del Sur, un territorio con el que no tenían relación alguna.
Aunque el fallo no incluyó una explicación detallada por parte de los magistrados, la jueza Sonia Sotomayor manifestó su rechazo con contundencia, advirtiendo que esta política podría poner en riesgo la vida de miles de personas al exponerlas a situaciones de tortura o incluso muerte.
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La medida avalada por la Corte Suprema
La iniciativa permite que inmigrantes condenados por delitos puedan ser deportados rápidamente a países que no necesariamente sean los suyos ni tengan vínculos previos. Esta medida había sido suspendida temporalmente a inicios de año por el juez federal Brian E. Murphy, quien consideró que se debía permitir a los inmigrantes apelar sus traslados. Sin embargo, tras una solicitud de la administración Trump en mayo, la Corte decidió levantar dicha restricción.
Sotomayor criticó duramente la decisión, acusando al gobierno de actuar como si estuviera por encima de la ley y de eliminar cualquier derecho de audiencia previo al traslado. Las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson también se opusieron a la resolución.
Diversas organizaciones defensoras de inmigrantes han alzado su voz contra el fallo. Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, advirtió que esta decisión suprime salvaguardas fundamentales del debido proceso y podría derivar en consecuencias trágicas para muchas personas en situación vulnerable.
