Desde que Elon Musk asumió la dirección del Departamento de Eficiencia del Gobierno de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés), ninguna de sus decisiones ha pasado desapercibida. La más reciente ha dejado a miles de empleados y contratistas sin acceso a fondos operativos: la cancelación de más de 470 000 tarjetas de crédito federales activas. El impacto se extiende a más de 30 agencias del gobierno que ahora enfrentan retrasos en proyectos, dificultades logísticas y parálisis de actividades esenciales.
La medida se implementó tras una auditoría interna que reveló un uso irregular de los recursos públicos. Cuentas duplicadas, tarjetas vinculadas a personas que ya no participan en programas gubernamentales y cuentas inactivas desde hace meses fueron parte de los hallazgos. DOGE informó que la red original estaba compuesta por 4.6 millones de tarjetas federales, que en el año fiscal 2024 procesaron casi U$D 40 000 millones en transacciones.
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Agencias sociales y operativas entre las más afectadas
Entre las entidades más perjudicadas se encuentran aquellas que gestionan programas de asistencia social, agencias que dependen de líneas de crédito para gastos cotidianos y contratistas que ejecutan proyectos esenciales. La falta de acceso inmediato a fondos está afectando procesos operativos básicos y generando incertidumbre interna.
Estas agencias utilizaban las tarjetas para gestionar pagos rápidos, compras institucionales y otros costos diarios. Ahora, muchas de ellas han tenido que recurrir a métodos alternativos menos eficientes, generando retrasos e incluso la paralización temporal de algunas funciones gubernamentales.
Otras decisiones de Musk desde DOGE
Además de esta masiva cancelación, Elon Musk ha implementado medidas complementarias en nombre de la eficiencia fiscal. Una de ellas ha sido el endurecimiento de los controles de verificación de edad en los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés). La auditoría halló cuentas activas a nombre de personas fallecidas o adultos mayores sin actividad económica registrada.
Otra medida aún más polémica fue la clausura definitiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés). Según Musk, la agencia no cumplía con los nuevos estándares de impacto y eficiencia impuestos por su gestión. La medida ha sido calificada por algunos funcionarios como abrupta y carente de una estrategia de transición para los proyectos humanitarios que dependían de dicha institución.
Con estas acciones, Musk está reconfigurando la administración pública desde una lógica empresarial que prioriza la contención del gasto y la eficiencia operativa, pero también genera tensiones internas por los efectos inmediatos en la gestión diaria del Estado.
A corto plazo, el gobierno federal deberá afrontar los efectos colaterales de esta transformación, que ya ha comenzado a generar fricciones entre agencias, retrasos en programas y un ambiente de incertidumbre que se extiende a cientos de miles de trabajadores del sistema público estadounidense.
