Donald Trump y Nayib Bukele protagonizaron un encuentro clave en la Casa Blanca para tratar el aumento de la criminalidad en Estados Unidos. El presidente estadounidense propuso trasladar a criminales locales a la prisión Cecot, una de las cárceles de máxima seguridad más reconocidas de El Salvador, medida que recibió la aprobación del mandatario salvadoreño.
Durante la reunión en la Oficina Oval, Trump reiteró su interés en utilizar instalaciones como el Cecot para combatir los delitos violentos. Además, sugirió que Bukele considere la construcción de al menos cinco nuevas cárceles para albergar a los futuros reclusos estadounidenses enviados desde su país, consolidando así una cooperación inédita en temas penitenciarios.
Te recomendamos
La respuesta de Nayib Bukele frente a la propuesta de Trump
La idea de trasladar criminales estadounidenses al Cecot no es nueva para Nayib Bukele. Ya en febrero, durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio, el presidente salvadoreño había manifestado su disposición de recibir a delincuentes de alta peligrosidad provenientes de Estados Unidos. Esta postura se mantiene firme ante la insistencia de Trump, quien busca reforzar las políticas de mano dura en su país de cara a un eventual retorno a la presidencia.
Preocupaciones por el historial de los inmigrantes enviados al Cecot
Hasta ahora, se han trasladado 200 inmigrantes deportados de Estados Unidos al Cecot bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua, una red criminal transnacional. Sin embargo, de acuerdo con información recopilada por Bloomberg, el 90% de estos individuos no cuentan con antecedentes delictivos en suelo estadounidense. Estas cifras generan cuestionamientos sobre la selección de los detenidos y el verdadero alcance de la estrategia propuesta por Trump.
En paralelo, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que tanto Estados Unidos como El Salvador estarían incurriendo en violaciones a los derechos humanos. Según un informe reciente, los inmigrantes deportados al Cecot habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, además de ser privados de comunicación con sus familias y de acceso a una defensa legal adecuada, poniendo en entredicho la legitimidad de estos procedimientos.
