En una decisión dividida de seis votos contra tres, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría tener profundas implicancias sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aunque el alto tribunal no abordó directamente la constitucionalidad de una orden ejecutiva de Donald Trump, sí debilitó un recurso judicial que solía bloquear políticas federales controvertidas.
El fallo restringe el uso de las llamadas "injunctions universales", medidas cautelares que permitían a jueces federales suspender leyes o decretos a nivel nacional. Estas órdenes fueron fundamentales en años recientes para detener acciones del Ejecutivo, incluidas iniciativas del propio Trump durante su primer mandato.
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Con esta resolución, la administración Trump —que desde enero de 2025 promueve una política que niega la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes sin estatus legal— gana terreno legal. La Corte no avala ni rechaza explícitamente dicha directiva, pero su decisión reduce significativamente las herramientas para frenarla.
La estrategia legal empleada por el gobierno consiste en limitar el alcance de las suspensiones judiciales para así aplicar parcialmente su orden ejecutiva. Es decir, mientras los tribunales debaten la constitucionalidad de la medida, el Ejecutivo podría implementarla en estados donde no haya bloqueos específicos. Esto crea un escenario desigual en todo el país.
Esta táctica permite a Trump avanzar sin un respaldo total de la Corte, generando una aplicación selectiva de su política migratoria. De este modo, la ciudadanía por nacimiento dejaría de estar garantizada en varias regiones, afectando especialmente a bebés nacidos de padres indocumentados, trabajadores temporales o estudiantes internacionales.
Organizaciones de derechos civiles advierten que más de 150 000 nacimientos anuales podrían verse perjudicados. La posibilidad de una ciudadanía fragmentada según el estado de residencia provocaría una crisis legal y humanitaria sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.
