Más de 6 300 inmigrantes han sido incorporados por el gobierno de Donald Trump a una lista creada originalmente para personas fallecidas. Con esta medida, pierden automáticamente la validez de su número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés), lo que los expulsa del sistema formal estadounidense y los empuja a la autodeportación.
Se trata del “archivo maestro de inelegibles” de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), una base de datos utilizada por funcionarios federales para evitar pagos indebidos a personas fallecidas. Sin embargo, ahora ha sido modificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para incluir a inmigrantes con estatus legal vigente, con el objetivo de invalidar su permanencia en el país sin necesidad de un proceso judicial.
Te recomendamos
La autodeportación como objetivo político
Según CNN Atlanta, la mayoría de los inmigrantes afectados habían ingresado al país mediante programas implementados durante el gobierno de Joe Biden y contaban con permiso de trabajo. El excomisionado de la SSA, Martin O’Malley, calificó la medida de “ilegal en muchos aspectos” y advirtió que esta táctica equivale a una “desaparición digital” que podría repetirse con cualquier otro ciudadano. Desde la Casa Blanca, la vocera Elizabeth Hudson aseguró que “el presidente Trump está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas al eliminar los incentivos económicos para los inmigrantes indocumentados”.
Consecuencias de quedarse sin número de Seguridad Social
No contar con un número de Seguridad Social en EE.UU. implica una muerte financiera. Sin ese número, no es posible desenvolverse en los siguientes aspectos:
- Acceder a un trabajo formal
- Abrir cuentas bancarias
- Solicitar tarjetas de crédito
- Acceder a beneficios federales.
Además, las entidades financieras y muchos servicios del Estado lo requieren como forma principal de identificación. Especialistas alertan que su eliminación representa una forma de presión indirecta para que los inmigrantes abandonen el país.
No obstante, la propia SSA asegura que los inmigrantes legales aún pueden acceder a servicios esenciales como licencias de conducir, matrículas escolares, seguros de salud, programas de almuerzo escolar o subsidios de vivienda sin necesidad de un SSN. Algunas organizaciones continúan exigiendo el número como forma de identificación; pero, según la SSA, la mayoría puede adoptar otros métodos para registrar a los usuarios.
Fuentes del DHS señalaron que los primeros inmigrantes incluidos en la lista de inelegibles tenían antecedentes penales o vínculos con el terrorismo; sin embargo, la inclusión masiva de personas con estatus legal ha generado preocupación por la falta de debido proceso. La medida plantea interrogantes sobre los límites de la legalidad en la política migratoria actual y cómo puede ser utilizada la tecnología estatal para ejercer control sin necesidad de juicios ni deportaciones formales.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la oposición demócrata se preparan para impugnar la medida en los tribunales. Consideran que la manipulación del archivo de inelegibles constituye una violación a los derechos constitucionales de los inmigrantes. El caso podría escalar como un precedente jurídico en torno al uso de herramientas administrativas para erosionar la legalidad migratoria en Estados Unidos.
