Donald Trump ha ordenado que una franja del territorio que se extiende en la frontera con México pase a ser controlada por el ejército. Esta medida autoriza a miembros del cuerpo militar a poder realizar detenciones de inmigrantes que traspasen la frontera de manera ilegal.
En la actualidad, los militares no tienen estas prerrogativas, pero la medida de Trump intenta desafiar las leyes federales en favor de sus políticas antimigratorias.
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Medida de Trump va contra leyes federales
Bajo la legislación vigente, no está permitido que la armada lleve a cabo acciones destinadas a coaccionar en favor del cumplimiento de leyes domésticas en suelo estadounidense. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de las leyes de inmigración o en zonas fronterizas, los cuerpos de seguridad encargados son el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE y CBP, respectivamente, por sus siglas en inglés). Los miembros del ejército no pueden llevar a cabo sus funciones. Lo que sí tienen permitido es asistirlos en vigilancia y tareas administrativas. Asimismo, también pueden operar vuelos de deportación y ayudar a la construcción o fortalecimiento de zonas del muro fronterizo.
Pero ciertas acciones escapan a sus atribuciones, como la capacidad para realizar detenciones de inmigrantes y todo aquel que cruce la frontera de manera ilegal. El único contexto en el que pueden llevar a cabo acciones de este tipo responde a cuando miembros del ejército prestan funciones de seguridad en territorios que forman parte de bases militares. La orden de Trump apunta en esa línea: al transferir el control del área de terreno conocido como Reserva Roosevelt, que cubre la frontera desde Nuevo México hasta California, al Departamento de Defensa, se está promoviendo que las tropas militares puedan realizar detenciones en la frontera.
La medida de Trump puede ser desafiada en las cortes
Esta orden primero entrará en un periodo de prueba por 45 días. Expertos afirman que, aunque se realice la transferencia del control de este territorio a manos del Departamento de Defensa, la medida continúa contraviniendo las leyes federales.
De acuerdo a Elizabeth Goitein, experta en poderes de emergencia presidenciales del Centro Brennan para la Justicia, ello es así porque, aunque tengan la franja designada, debe probarse que la misión principal del cuerpo militar en la zona no está relacionado con la seguridad y aplicación de la ley en la frontera, y que ello solo se daría en casos de incidentes excepcionales. Pero, como es evidente bajo la administración Trump, el objetivo central de la orden es permitir que el ejército pueda participar en la detención de inmigrantes.
