La jueza federal Mary McElroy ha bloqueado temporalmente la suspensión de 11 mil millones de dólares que la administración de Trump planeaba realizar a los fondos destinados a la salud pública, según informó el portal de CBS News.
Luego de que el 24 de marzo el Departamento de Salud y Recursos Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., anunció a los departamentos de salud estatales y locales que recortaría abruptamente U$D 11 mil millones de financiamiento a la salud pública, fiscales generales de 23 estados y el distrito de Columbia presentaron una demanda con el objetivo de enfrentar la medida.
Durante la pandemia de la COVID 19, estos fondos fueron entregados a los estados para fortalecer la lucha contra la pandemia. Ahora que la emergencia sanitaria ha terminado, el gobierno de Trump considera innecesario seguir ofreciéndolo. No obstante, los estados argumentaron que continuaban siendo importantes para abordar la identificación, tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, asegurar el acceso a vacunas, atender problemáticas de salud mental, entre otras.
La demanda fue presentada en el distrito de Rhode Island, y resultó en el fallo de la jueza McElroy a favor de los estados, denegando así la orden de Trump.
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Los recortes de Trump afectan a miles de trabajadores y la atención en salud pública
La política de recorte de gastos de la administración Trump ha debilitado a la salud pública por varios frentes. Uno de los ejemplos más alarmantes es el de recortes a programas como Medicaid y Medicare, que respaldan a millones de habitantes en Estados Unidos. Ahora, la puntería también ha sido dirigida a los trabajadores de salud.
Como parte de la reducción de gastos federales, el Departamento de Salud anunció el pasado 27 de marzo el despido de 10 000 trabajadores. Este número se sumaría a otros 10 000 trabajadores que renunciaron después de iniciado el mandato de Trump. De acuerdo a las cifras del propio Departamento, su fuerza de trabajo se estaría reduciendo de 86 000 a sólo 62 000 servidores de la salud. Con ello, la calidad de la atención a los habitantes se verá mermada de manera importante.
