por Armando Gallegos
Redactor
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La ciudad de Miami aprobó un controvertido acuerdo que autoriza a su cuerpo policial a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en labores migratorias. El convenio, basado en el programa federal 287(g), permite a oficiales locales realizar interrogatorios, arrestos y detenciones de personas que se encuentren en Estados Unidos de manera irregular.
Con tres votos a favor y dos en contra por parte de la Comisión de la Ciudad, el acuerdo fue ratificado a pesar de una fuerte oposición comunitaria. En una extensa audiencia pública, ningún ciudadano expresó respaldo a la medida, y múltiples organizaciones locales advirtieron sobre el riesgo de criminalizar a la población inmigrante.
Los comisionados Joe Carollo, Miguel Gabela y Ralph Rosado votaron a favor del acuerdo, mientras que Christine King y Damian Pardo se pronunciaron en contra, alegando que podría socavar la confianza entre la comunidad inmigrantey las autoridades policiales.
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El programa 287(g), creado a partir de una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite a agentes locales actuar como extensiones del ICE. La estrategia utilizada consiste en capacitar a oficiales seleccionados, otorgándoles acceso a bases de datos federales y permitiéndoles realizar detenciones, interrogatorios y traslados a centros de detención federales bajo supervisión directa del ICE.
En el caso de Miami, el jefe de Policía, Manuel Morales, confirmó que inicialmente serán solo tres los oficiales involucrados. Aclaró también que esta colaboración no será autónoma, sino que se limitará a acciones coordinadas con ICE. Morales señaló que negarse al acuerdo podría traer consecuencias legales y afectar el financiamiento federal.
Actualmente, más de 700 jurisdicciones en 40 estados ya forman parte del programa 287(g), siendo Florida uno de los estados con mayor presencia. A ciudades como Hialeah, Doral y Homestead ahora se suma Miami, lo que amplía el alcance del ICE sin necesidad de aumentar su plantilla.
Aunque las autoridades argumentan que el acuerdo fortalece la seguridad, muchos residentes temen un aumento de arrestos injustificados y una ruptura en el vínculo de confianza entre migrantes y fuerzas del orden.
