A partir del 1 de julio de 2025, Uber, Lyft y otras plataformas similares enfrentarán una nueva regulación en Florida. La legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis busca reforzar la seguridad tanto de pasajeros como de conductores, ante el aumento de casos de suplantación de identidad que han comprometido la confianza en este modelo de transporte.
El uso creciente de estas plataformas en ciudades como Miami, Orlando y Tampa ha venido acompañado de incidentes que involucran a falsos conductores. Aunque las empresas han intentado implementar medidas internas, la falta de sanciones claras en la ley estatal dejaba un vacío legal que ahora se busca corregir con la entrada en vigencia de la ley HB-1525.
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Se aplicarán sanciones penales por suplantación
Con la nueva normativa, hacerse pasar por un conductor registrado será considerado un delito menor de segundo grado. Sin embargo, si se comete otro delito aprovechando esta suplantación, la infracción se elevará a un delito de tercer grado. Esta es una de las medidas más severas introducidas por la ley, que tiene como finalidad cortar de raíz uno de los principales focos de inseguridad para los usuarios.
Capacitación obligatoria y exclusión del sistema de transporte público
Además de las sanciones penales, la ley establece que los conductores deberán tener acceso a materiales de capacitación para mejorar los estándares del servicio. También se prohíbe categorizar estas plataformas como parte del sistema de transporte público, cerrando la puerta a beneficios y exenciones destinadas a ese sector. La norma deja claro que Uber, Lyft y similares operan bajo un esquema completamente privado y distinto.
Fondos públicos para transporte en zonas vulnerables
Otro punto clave de la ley es la autorización a la Comisión para Desfavorecidos en el Transporte para usar fondos públicos y contratar proveedores alternativos que ofrezcan servicio a personas en situación vulnerable. Esto permitirá atender a personas con discapacidad, necesidades especiales o con limitaciones económicas en áreas donde estas plataformas no cubren adecuadamente la demanda.
La implementación de estas nuevas reglas marca un giro en el enfoque del estado hacia los servicios de transporte compartido. Con un marco legal más estricto, las autoridades esperan recuperar la confianza de los usuarios, garantizando que los conductores estén debidamente identificados, capacitados y sometidos a filtros más exigentes. Las plataformas, por su parte, deberán ajustar sus políticas internas para cumplir con la ley sin perder competitividad en uno de los mercados más activos del país.
