Ciudad de California destina casi U$D6 millones de indemnización para estas familias

Este acuerdo es un paso significativo hacia la justicia para las familias desplazadas de Palm Springs entre 1950 y 1960.

Indemnizaciones en California USA: El acuerdo incluye la construcción de un monumento conmemorativo y la posibilidad de nombrar un parque en su memoria.
Indemnizaciones en California USA: El acuerdo incluye la construcción de un monumento conmemorativo y la posibilidad de nombrar un parque en su memoria.
Ilustración

El ayuntamiento de Palm Springs, California, aprobó el 14 de noviembre de 2024 un acuerdo histórico para indemnizar con U$D 5.9 millones a familias afroestadounidenses y latinas desplazadas de la Sección 14 en las décadas de 1950 y 1960. Este pago busca reparar los daños causados por un controvertido proyecto de renovación urbana.

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Quiénes son las familias beneficiadas

El acuerdo beneficiará a antiguos residentes de la Sección 14 y sus descendientes, quienes sufrieron la demolición de sus viviendas sin previo aviso. Estas comunidades, mayoritariamente afroestadounidenses y latinas, vivían en terrenos arrendados dentro de la reserva de la tribu Agua Caliente Band of Cahuilla Indians. Muchas familias perdieron hogares, negocios y vínculos comunitarios debido a estas acciones.

Aunque no se ha determinado la cantidad exacta que recibirá cada familia, los fondos se destinarán prioritariamente a residentes de bajos ingresos vinculados a la Sección 14. Además, se planea invertir U$D 10 millones adicionales en programas de asistencia para compradores de vivienda por primera vez.

Créditos del video: Youtube | ABC7

Reconocimientos históricos

El acuerdo incluye la construcción de un monumento conmemorativo, la creación de un día en honor a la comunidad desplazada y la posibilidad de nombrar un parque en su memoria. Estas iniciativas buscan reconocer el impacto y la resiliencia de los antiguos residentes.

Los desalojos masivos en la Sección 14 comenzaron en 1951 y se extendieron hasta 1965. Según investigaciones estatales, las autoridades justificaron la demolición bajo el argumento de condiciones insalubres, pero no ofrecieron reasentamiento para las familias afectadas. En 1968, un informe estatal calificó estos eventos como un holocausto urbano. Aunque no hubo consecuencias legales, el gobierno local emitió una disculpa formal en 2021.

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