Un juez federal en Texas ha emitido una orden que suspende temporalmente el programa Keeping Families Together, un esfuerzo clave de la administración Biden diseñado para proporcionar alivio a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.
Este programa, conocido también como Parole in place se lanzó para evitar la separación de familias mixtas, ofreciendo un camino hacia la legalización y una mayor estabilidad para aquellos que habían vivido en Estados Unidos durante años sin un estatus migratorio formal.
La suspensión del programa fue el resultado de una demanda presentada por el estado de Texas, junto con otros 15 estados, que argumentan que el programa podría incrementar los costos de servicios públicos y sobrecargar los recursos estatales.
El juez J. Campbell Barker, quien emitió la orden, ha suspendido temporalmente la concesión de cualquier nuevo Parole in place mientras se evalúan los méritos del caso. Aunque las solicitudes para el programa aún pueden ser presentadas, el fallo prohíbe que se otorgue el estatus mientras la orden esté en vigor, generando incertidumbre y preocupación entre los miles de solicitantes que esperaban beneficiarse del programa
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Impacto en las familias inmigrantes y el panorama legal
La orden judicial ha generado reacciones mixtas entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y las autoridades estatales. Para las familias afectadas, la suspensión representa un duro golpe, ya que el programa había sido visto como una oportunidad crucial para asegurar la permanencia en el país sin temor a la deportación.
Organizaciones como el Justice Action Center han expresado su desaprobación, indicando que la medida afecta desproporcionadamente a las familias más vulnerables, y han anunciado que buscarán revertir la decisión en los tribunales. El caso también subraya la continua tensión entre las políticas migratorias federales y los estados, especialmente en temas tan sensibles como la reunificación familiar.
Por otro lado, los estados demandantes, liderados por Texas, sostienen que el programa de Keeping Families Together sobrepasa la autoridad del poder ejecutivo y coloca una carga indebida sobre los recursos estatales. Estos estados argumentan que, de permitirse la implementación total del programa, podría atraer a más inmigrantes indocumentados y aumentar los costos asociados con la salud, la educación y otros servicios públicos.
Créditos: La Opinión | @laopinionLA
