Para evitar fraudes y proteger a la comunidad inmigrante, Florida aprobó la ley HB 915, que entrará en vigor el 1 de julio, prohibiendo a notarios públicos sin título de abogado ofrecer o promocionar asesoría legal en temas migratorios. La medida busca frenar prácticas engañosas que ponen en riesgo el estatus legal de quienes buscan regularizar su situación en el país.
La abogada de inmigración Ralip Hernández advierte que este tipo de fraude ha sido una constante en el sur de Florida, donde la llegada masiva de migrantes ha generado un mercado informal y peligroso. “Practicar leyes sin licencia es un delito, y ahora el gobernador Ron DeSantis refuerza esta norma para proteger a las personas vulnerables”, señala Hernández. Muchos inmigrantes terminan pagando sumas elevadas por asesorías falsas que, en realidad, no solucionan sus problemas legales y pueden derivar en deportación.
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Medidas para frenar el fraude y proteger a los inmigrantes
La ley HB 915 obliga a los notarios a colocar avisos visibles en sus oficinas y anuncios, aclarando que no son abogados y no están autorizados para brindar asesoría legal de inmigración ni cobrar por ello. Además, quienes incumplan la norma enfrentan demandas civiles que incluyen el pago de daños y gastos legales. Hernández explica que, en muchos casos, los notarios sin licencia prometen soluciones rápidas y cobran más conforme el caso se complica, aprovechándose de la desesperación de los inmigrantes.
“Es común ver personas que prefieren creer en falsas promesas antes que aceptar que no hay solución inmediata para su caso”, agrega la abogada. La ley busca dar mayor transparencia y seguridad para que los inmigrantes no caigan en estafas que solo agravan su situación legal.