La nueva ley H.B. 71 establece que los Diez Mandamientos deben ser expuestos en un póster o documento enmarcado de al menos 11 por 14 pulgadas (28 por 36 centímetros) en todas las aulas públicas de Luisiana, en Estados Unidos. El texto debe ser el “foco central” del cartel y estar impreso en un tipo de letra grande y fácilmente legible. Además, la legislatura estatal ha dictado una versión específica de los Mandamientos que debe ser utilizada, acompañada de una “declaración de contexto” que resalta su importancia histórica en la educación pública estadounidense.
Controversia total
Esta medida ha suscitado controversia debido a su posible violación de la Cláusula de Establecimiento de la Constitución de Estados Unidos. En 1980, el Tribunal Supremo dictaminó que una ley similar en Kentucky era inconstitucional.
Sin embargo, los defensores de la ley en Luisiana argumentan que los Diez Mandamientos tienen un valor histórico y que su colocación no se financiará con fondos públicos, sino a través de donaciones.
Además, confían en que la mayoría conservadora actual del Tribunal Supremo respaldará la medida.
La ley también incluye otras disposiciones controvertidas, como la autorización para contratar capellanes en las escuelas y restricciones a los profesores sobre la mención de la orientación sexual o identidad de género de los estudiantes.
“All students should feel safe and welcome in our public schools. H.B. 71 would undermine this critical goal and prevent schools from providing an equal education to all students, regardless of faith." https://t.co/jy5OdknWUO pic.twitter.com/cAeWH0Ghlu
— Americans United (@americansunited) June 19, 2024
Estas medidas han sido criticadas por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, que han anunciado planes para presentar demandas que impidan la aplicación de la ley, argumentando que viola la separación constitucional entre Iglesia y Estado.
Efecto cadena
La ley de Luisiana ha inspirado propuestas similares en otros estados como Texas, Oklahoma y Utah. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas iniciativas ha sido convertida en ley debido a las amenazas de batallas legales sobre su constitucionalidad.
La ley de Luisiana, que entrará en vigor a principios de 2025, se enfrenta a un futuro incierto a medida que sus opositores se preparan para desafiarla en los tribunales.
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