Una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 20 de marzo de 2025 ha desatado una intensa controversia en Estados Unidos: obliga a todas las agencias gubernamentales, incluyendo al Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), a entregar datos personales de millones de personas que reciben asistencia pública, especialmente del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La medida ha generado alarma en organizaciones defensoras de derechos civiles y en comunidades vulnerables.
El documento, titulado “Detener el despilfarro, el fraude y el abuso mediante la eliminación de los silos de información”, exige el traspaso de información como nombres completos, direcciones, fechas de nacimiento, números del Seguro Social, historial de beneficios y el cálculo total en dólares que cada beneficiario ha recibido. Según el gobierno, el objetivo es tener un control más riguroso del sistema y combatir irregularidades, pero para muchos se trata de una violación a la privacidad sin precedentes.
Te recomendamos
Estados deberán entregar los datos al gobierno federal
La medida ya ha comenzado a aplicarse. El USDA, que administra el programa SNAP a nivel federal, envió una carta a todos los gobiernos estatales exigiendo su colaboración. Aunque la implementación del programa corre a cargo de los estados, estos deberán ahora compartir toda la base de datos con el gobierno central.
La directora del USDA, Brooke Rollins, justificó la orden asegurando que durante años el sistema ha operado en “piloto automático”, sin monitoreo en tiempo real. “Es razonable que tengamos acceso a los datos de los programas que financiamos con fondos federales”, afirmó Rollins. Agregó que la medida permitiría identificar patrones de uso y posibles fraudes en la entrega de asistencia alimentaria.
Preocupación en comunidades latinas y organizaciones civiles
Diversos colectivos han reaccionado con preocupación ante la orden ejecutiva, especialmente aquellos que representan a comunidades inmigrantes y latinas, muchas de las cuales acceden a SNAP como parte de la red de apoyo social. Temen que el acceso a datos como el número del Seguro Social y direcciones pueda derivar en acciones discriminatorias o un uso indebido de la información.
Las críticas también se centran en la falta de transparencia sobre qué entidades manejarán estos datos y cómo se protegerá la información. Aunque la administración Trump ha sostenido que el fin es fiscalizar mejor los fondos, los detractores sostienen que se trata de una intromisión injustificada en la vida privada de millones de personas de bajos recursos.
¿Qué datos personales está solicitando el gobierno?
La orden ejecutiva exige que todas las agencias federales, incluida la que administra SNAP, entreguen los siguientes datos personales:
- Nombres completos
- Fechas de nacimiento
- Direcciones de domicilio
- Números del Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés)
- Historial de beneficios SNAP recibidos
- Sistemas de software y tecnología utilizados para administrar el programa
- Registros no clasificados relacionados con beneficiarios
- Cálculo del monto total en U$D recibido por cada persona, filtrado por rango de fechas
Organizaciones como la ACLU ya evalúan medidas legales para frenar esta iniciativa, mientras aumenta la tensión entre privacidad ciudadana y control estatal.
