El gobierno de Donald Trump ha iniciado una serie de ajustes a los programas federales con mayor impacto social. Uno de los primeros afectados es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como cupones de alimentos, que ha sido redirigido para restringir aún más la participación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Las nuevas directrices fueron emitidas por el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).
El objetivo central de estas nuevas reglas es reforzar la verificación de identidad y estatus migratorio en cada una de las solicitudes al programa. En palabras del USDA, los estados ahora deben “examinar cuidadosamente sus prácticas de verificación” e implementar entrevistas personales obligatorias para quienes soliciten SNAP por primera vez, así como mantener controles periódicos a beneficiarios extranjeros.
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Nueva orden ejecutiva refuerza restricciones federales
El 19 de febrero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que exige a todas las agencias federales mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad para beneficios financiados por el Estado. Esta medida forma parte de un plan más amplio para evitar que inmigrantes sin documentación accedan a prestaciones públicas.
En el caso específico del SNAP, la medida ordena que se recopilen y contrasten los números de Seguro Social, y se verifique continuamente el estatus migratorio. “El estatus migratorio puede cambiar rápidamente”, explicó el USDA en su comunicado, justificando así la necesidad de una vigilancia permanente a los solicitantes extranjeros.
SNAP y la preocupación por el uso indebido de fondos
El gobierno de Trump argumenta que las fallas en la verificación de identidad han generado pagos indebidos. Solo en 2023, el USDA estimó que se realizaron transferencias por U$D 10.5 mil millones que no cumplían con los criterios establecidos, lo que representa el 12% del total del presupuesto ejecutado por SNAP en ese año.
Para la secretaria del USDA, Brooke Rollins, este nuevo enfoque no es solo un tema de política migratoria, sino también de administración financiera: “Los contribuyentes estadounidenses ya no subsidiarán a los inmigrantes indocumentados. Es nuestro deber garantizar que los estados verifiquen correctamente la identidad y el estatus migratorio”.
Reacción y contexto en medio del regreso de Trump
Esta no es la primera vez que Donald Trump toma medidas contra el acceso de inmigrantes indocumentados a programas federales. Durante su primer mandato, impuso reglas similares que luego fueron suspendidas o modificadas por otras administraciones. Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, parece retomar esa línea con más firmeza.
Las nuevas pautas del USDA, aunque no cambian la ley federal de SNAP, presionan a los gobiernos estatales a aplicar estándares más estrictos. En un país donde cada estado administra el programa con relativa autonomía, el efecto final podría variar significativamente dependiendo de la política migratoria local.
El endurecimiento de los criterios de acceso al SNAP marca una clara línea en la agenda de Trump durante su segundo periodo presidencial. Aunque el foco está puesto en controlar el gasto público y reforzar la seguridad fronteriza, las consecuencias podrían sentirse de forma directa en comunidades vulnerables que dependen de este tipo de asistencia alimentaria para subsistir. La tensión entre política migratoria y derechos sociales se vuelve, una vez más, el centro del debate nacional.
