California: las medidas estatales para proteger a los trabajadores contra las altas temperaturas

La Junta de Seguridad Laboral de California aprobó protecciones contra el calor extremo para empleados de cocina, y trabajadores de almacenes e invernaderos en el estado.

California es uno de los pocos estados que establece protecciones para los trabajadores ante las altas temperaturas.
California es uno de los pocos estados que establece protecciones para los trabajadores ante las altas temperaturas.
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California es uno de los estados que serán más afectados con las olas de calor pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) durante la temporada de verano. Es por ello que el pasado 20 de junio, la Junta de Seguridad Laboral del estado aprobó normas para proteger a ciertos trabajadores del calor interior. 

Estas reglas buscan prevenir o reducir enfermedades, lesiones, discapacidades permanentes y muertes relacionadas con el estrés por calor para los trabajadores de invernaderos y almacenes, personal de cocina, maestros, conserjes, camareros y otros. California es uno de los pocos estados, junto a Oregón y Minnesota, que establece protecciones para los trabajadores ante las altas temperaturas.

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Protección contra el calor para los trabajadores de California

Según lo aprobado, los empleadores necesitarán enfriar los espacios de trabajo o ajustar las tareas o los horarios para reducir el riesgo de enfermedades causadas por el calor, cuando las temperaturas o el índice de calor alcancen los 87 grados Fahrenheit (30,5 grados Celsius), o los 82 grados (aproximadamente 28 grados Celsius) cuando los trabajadores usen vestimenta restrictiva.

A 82 grados, los trabajadores tendrían derecho a agua, descansos y zonas para refrescarse. Los empleadores también tendrán que estar atentos a los signos de enfermedades causadas por el calor. Los empleados expuestos a temperaturas de 82 a 94 grados Fahrenheit (30,5 a 34,5 Celsius) durante menos de 15 minutos durante una hora estarían exentos.

El estado estima que a las empresas les costará aproximadamente U$D 1 000 millones cumplir con las reglas durante los próximos 10 años.

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