La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enfrenta serias acusaciones por parte de legisladores y defensores públicos que denuncian la difusión de datos engañosos sobre sus tiempos de respuesta. Según afirman, la agencia ha eliminado métricas históricas de su sitio web, ocultando así información fundamental para millones de ciudadanos que dependen del sistema.
Hasta hace poco, el portal de la SSA mostraba cifras en tiempo real sobre demoras en la atención telefónica y en el procesamiento de solicitudes. Sin embargo, desde junio de 2025, se retiraron 34 indicadores críticos, como el tiempo promedio de espera para comunicarse con el número nacional 1-800 o recibir atención presencial en oficinas locales.
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¿Cómo estaría engañando el Seguro Social a sus beneficiarios?
Se ofrece una métrica genérica llamada “velocidad promedio de respuesta en línea”, la cual se presenta como 19,2 minutos. No obstante, reportes periodísticos y auditorías independientes demuestran que la mayoría de las llamadas superan la hora de espera o ni siquiera son respondidas.
La estrategia utilizada por la SSA consistió en reemplazar datos verificables por cifras más favorables, pero menos representativas. El propio comisionado Frank Bisignano admitió que mostrar tiempos de espera prolongados podría desincentivar a los ciudadanos de buscar ayuda, lo cual revela una intención de manipular la percepción pública sobre la eficiencia del servicio.
Este cambio generó fuertes críticas. La congresista Judy Chu exigió que se restablezcan los indicadores eliminados, y la senadora Elizabeth Warren llevó a cabo una auditoría informal: tras 50 llamadas al 1-800, su equipo detectó tiempos de espera promedio de 102 minutos y una alta tasa de llamadas interrumpidas antes de recibir atención.
Warren calificó las declaraciones oficiales como “engañosas” y señaló que lejos de mejorar, el servicio parece haberse deteriorado. La falta de acceso y desinformación, aseguró, está afectando directamente a millones de estadounidenses vulnerables.
En un país donde el Seguro Social es el principal sustento para muchos adultos mayores y personas con discapacidad, la opacidad de la SSA no solo daña su credibilidad, sino que pone en riesgo la seguridad financiera de sus beneficiarios. El acceso transparente a la información es clave para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de forma plena.