Un proyecto de ley impulsado por los republicanos y Donald Trump pone en riesgo el derecho al voto de importantes sectores de la población estadounidense, como las mujeres casadas y votantes de áreas rurales. Se trata de una legislación que busca “salvaguardar la elegibilidad para votar en Estados Unidos” (SAVE Act, por sus siglas en inglés). El proyecto busca asegurar que sólo quienes sean ciudadanos americanos puedan ejercer este derecho en elecciones federales, lo cual, en realidad, ya está normado en el país.
Lo que esta iniciativa impondría si se convierte en ley es que los ciudadanos, al momento de inscribirse como votantes o actualizar su información ya registrada, deban proveer, en persona, algún documento que pruebe su identidad como ciudadanos americanos en la oficina electoral de su localidad. Entre los documentos permitidos destacan sobre todo el pasaporte americano vigente y la partida de nacimiento. Esto implica un problema para un grueso de ciudadanos que no poseen estos documentos o han cambiado su nombre legal, por ejemplo, a causa de la unión matrimonial.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Centro para el Progreso Americano, cerca de 69 millones de mujeres que cambiaron su apellido luego de casarse podrían no contar con un documento que coincida con su nombre legal actual, como sería el caso de sus partidas de nacimiento. Asimismo, según estas mismas cifras, más de 140 millones de ciudadanos americanos no cuentan con pasaporte, lo que les impedirá probar su ciudadanía. Por su parte, cerca de 60 millones de personas que viven en zonas rurales muy remotas presentarían dificultades para apersonarse a las oficinas electorales locales para registrar sus documentos (si es que cuentan con ellos), ya que muchas de ellas tendrán que viajar varias horas en automóvil o incluso tomar vuelos para llegar a ellas, como quienes viven en zonas de Hawai o Alaska.
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Proyecto de Ley de Trump desalienta la participación electoral
Como se sabe, en Estados Unidos el sufragio es opcional, por lo que los ciudadanos no están obligados a emitir su voto. No obstante, los requerimientos que impone el proyecto de ley dificultan los procesos de inscripción de todos aquellos que necesiten actualizar su información como votantes o se van a registrar por primera vez. Estas cargas burocráticas merman la participación electoral, privando del derecho al voto a quienes carecen de los documentos necesarios.
Trump y la narrativa del fraude
El republicano Chip Roy, quien reintrodujo el proyecto en el senado en enero de este año ( ya había sido presentado el año pasado pero no fue aceptado) argumenta que se debe prevenir que quienes no sean ciudadanos voten. Sin embargo, esto ya está estipulado en la legislación actual y los casos en que inmigrantes no-ciudadanos han emitido votos son muy escasos y extraños de ocurrir. Pero Trump y los republicanos han defendido la narrativa de fraude electoral de manera constante. Luego de las elecciones de 2020, en que perdió frente a Joe Biden, Trump y todo su equipo de asesores legales y republicanos electos esgrimieron varias denuncias de fraude electoral alegando que se habían emitido votos ilegales. Actualmente, los republicanos dicen estar previniendo que inmigrantes indocumentados puedan votar, pero los pocos casos de irregularidades electorales denunciados en los últimos años han carecido de evidencia. Lejos de realmente mejorar la transparencia de los procesos electorales, el proyecto republicano perjudica el derecho al sufragio de millones de habitantes.
