El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para colaborar con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la localización de personas inmigrantes que enfrentan procesos de deportación o están siendo investigadas por presuntas actividades penales. Aunque no se ha difundido públicamente, la existencia del acuerdo fue revelada por documentos judiciales a los que accedió The New York Times.
El pacto establece que el IRS sí podrá compartir ciertos datos de los contribuyentes con ICE, pero solo en casos que cumplan con condiciones legales estrictas. Esto incluye la necesidad de contar con una orden judicial en el marco de investigaciones criminales, como lo permite la excepción número 7 de la Ley de Privacidad de 1974. La negociación se habría iniciado en febrero, durante la administración Trump.
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Una excepción legal permite el intercambio de información
La Ley de Privacidad de 1974 protege la información tributaria de todos los contribuyentes y establece que, en principio, estos datos no pueden compartirse ni siquiera entre agencias gubernamentales. Sin embargo, contempla 12 excepciones. El IRS y el DHS se han amparado en la excepción número 7, que autoriza el acceso a esta información en investigaciones penales. Para activarla, se requiere una orden emitida por un juez, un requisito que ya estaba contemplado en la legislación existente.
Preocupaciones sobre el impacto entre inmigrantes
Pese a que el marco legal lo permite, abogados del propio IRS habían advertido que el acuerdo podría generar conflictos legales y éticos. Además, algunos expertos señalan que la medida podría tener un efecto negativo en la disposición de los inmigrantes a declarar impuestos. El temor a ser detectados por ICE podría incentivar que muchos opten por mantenerse fuera del sistema tributario, lo cual afectaría la recaudación fiscal y los aportes a programas federales como el Seguro Social.
Hasta el momento, ni el IRS ni ICE han emitido comunicados oficiales sobre los alcances del acuerdo ni sobre los mecanismos específicos que se activarán para el intercambio de datos. La filtración del contenido ha generado preocupación entre organizaciones que trabajan con comunidades inmigrantes, quienes temen que el uso de información fiscal con fines migratorios siente un precedente riesgoso para la confianza en el sistema.
Este tipo de colaboración entre agencias ha sido objeto de debate en anteriores administraciones, pero nunca se había formalizado un acuerdo como el actual. Mientras tanto, defensores de derechos migratorios aseguran que este tipo de políticas podrían incrementar la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan procesos legales complejos en un país que continúa dividido sobre su política migratoria.
