A pesar de la oposición del gobernador demócrata Roy Cooper, la ley HB-10 entró en vigor en Carolina del Norte, marcando un giro significativo en la política migratoria del estado. Esta normativa fue aprobada por la Asamblea General de Carolina del Norte tras anular el veto del gobernador.
Carolina del Norte contaba con tres condados santuario: Wake, Mecklenburg y Durham, que hasta ahora tenían mayor discreción en su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la nueva ley elimina estas protecciones y obliga a todos los condados del estado a colaborar directamente con las autoridades migratorias.
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En qué consiste la ley HB-10
La ley afecta de manera significativa a los inmigrantes, especialmente a aquellos en situación irregular. Entre sus principales disposiciones destaca que las autoridades pueden revisar el estatus migratorio de personas detenidas por delitos graves o por delitos menores de clase A1.
Esto significa que infracciones como manejar bajo los efectos de drogas o alcohol, o conducir con una licencia vencida, podrían derivar en una investigación sobre el estado migratorio del detenido. Además, se otorga a los agentes policiales amplio poder para detener y transferir a individuos al ICE.
El abogado William Vásquez, en declaraciones a Univision 40, advirtió sobre el impacto de la ley. Según él, esta medida amplía la discrecionalidad de los agentes de policía, lo que podría dar lugar a decisiones arbitrarias basadas en perfiles raciales o lingüísticos.
"Lo que cambia es la protección que tenían los condados santuario. Básicamente, ahora serán como cualquier otro condado con el programa 287(g) activo. La preocupación es que los agentes puedan interpretar la ley de manera incorrecta y usarla contra personas hispanas por el color de su piel, por hablar español, por no dominar el idioma inglés o por no tener una identificación o licencia", explicó el experto.
Crédito video : YouTube | @univisionnorthcarolina
