Los republicanos en el Congreso han propuesto un proyecto de ley que busca arreciar las medidas contra los inmigrantes, esta vez imponiendo más dificultades económicas para quienes necesiten emitir permisos de trabajo. Esta propuesta, iniciativa del Comité Judicial, incluye, además de incrementar el costo para emitir permisos de trabajo, también impone pagos a las solicitudes de asilo, paroles, entre otros.
De ser aprobadas, estas medidas representan una grave amenaza para los inmigrantes, ya que imponen obligaciones económicas a quienes de por sí llegan al país con escasos recursos
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Esto costaría el permiso de trabajo si se aprueba el proyecto de ley
Actualmente, el costo por tramitar un permiso de trabajo (Formulario I - 765) es de U$D 520 para las solicitudes en papel y U$D 470 para aplicaciones en línea. Además, tienen una duración promedio de dos años de vigencia y la renovación cuesta lo mismo que la solicitud inicial.
De ser aprobada la nueva ley, el trámite costaría U$D 550, y solo tendría una vigencia de 6 meses, por lo que los inmigrantes tendrán que renovarla más seguido.
Además, se imponen otras medidas de pago para quienes solicitan asilos o paroles, quienes deberán pagar una cuota de U$D 1000. Actualmente, el trámite para solicitar un asilo no tiene costo alguno, ya que se entiende como una medida creada en base a razones humanitarias.
Otras imposiciones de pago que perjudicarán a inmigrantes
La medida incluiría otras imposiciones, como una tarifa de hasta U$D 3500 para los patrocinadores de niños que llegan solos a la frontera. Además, los solicitantes de asilo pagarían una tarifa de U$D 100 de manera anual mientras su proceso continúe pendiente. Asimismo se eliminarían por completo las exenciones de pago, normalmente otorgadas a solicitantes de bajos ingresos.
De acuerdo a Jim Jordan, presidente del Comité Judicial, el dinero de estas tarifas permitirá recaudar U$D 77 mil millones que servirían para expandir los centros de detención e incrementar el personal de ICE.
Por el momento, estas medidas aún no están en vigencia. No obstante, defensores de derechos de los inmigrantes y organizaciones civiles se mantienen atentos al desenlace de esta propuesta.
