Las reglas, implementadas para mantener la seguridad y el orden público, han levantado preocupaciones entre los comerciantes, muchos de los cuales son inmigrantes que dependen de esta actividad para subsistir. Entre las disposiciones más estrictas, los vendedores deberán mantener una distancia de 500 pies de las rampas de autopistas y contar con un seguro costoso, además de permisos de salud aprobados, elementos difíciles de conseguir.
Estas son las regulaciones para evitar una multa
Las normas aprobadas por el Concejo Municipal de Corona establecen que los vendedores ambulantes deben cumplir con varias normas para evitar sanciones:
- Distancia mínima: Mantenerse a 500 pies de las rampas de autopistas.
- Permisos de salud: Contar con permisos sanitarios aprobados por el Condado de Riverside.
- Seguro obligatorio: Demostrar un seguro válido, lo cual representa un costo adicional significativo.
Estas medidas se diseñaron para regular el comercio en la vía pública y reducir riesgos en áreas de alto tránsito, aunque han generado preocupaciones en la comunidad migrante sobre la viabilidad económica de cumplirlas.
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El costo de la multa y la confiscación de propiedades
Para quienes no cumplan con los requisitos, las sanciones pueden alcanzar los U$D 1mil, junto con una tarifa adicional de U$D 275 por la incautación de la propiedad. Estas penalidades han sido objeto de críticas por considerarse desproporcionadas, especialmente porque los vendedores enfrentan además barreras administrativas complejas, como altos costos de licencias y largos períodos de espera para obtener los permisos. Las regulaciones se asemejan a las barreras de entrada en otras zonas de California, como Los Ángeles, donde solo el 2% de los vendedores logra cumplir los requisitos debido a los altos costos y complejidades
Créditos del video: Youtube | Al Rojo Vivo
La respuesta de la comunidad
La Coalición de Justicia para Inmigrantes de California y organizaciones como el Street Vendor Project han expresado su descontento ante estas restricciones, señalando que el impacto es mayormente negativo para las comunidades vulnerables y pidiendo un sistema de permisos más accesible. En Nueva York, el esfuerzo conjunto del Roosevelt Avenue Task Force busca abordar problemas similares, mientras que en Corona, los líderes comunitarios presionan por cambios que equilibren la regulación con la inclusión económica de los inmigrantes.
