Las personas mantienen una cierta preocupación a la hora de saber cómo asegurar una vejez digna, sobre todo miles de estadounidenses. Mientras unos cuentan con planes de jubilación en sus lugares de trabajo, otros se esfuerzan en ahorrar para su retiro. Sin embargo, la realidad es otra.
Según un estudio del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, alrededor de 16 millones de personas de 65 años o más dependen del Seguro Social para mantenerse por encima de la línea de pobreza. Ante ello, existe la negativa posibilidad de que los fondos que sostienen los programas gubernamentales puedan vaciarse en un corto periodo de tiempo.
Créditos del video: Youtube | Kat Martz
¿Cuánto tiempo durarán los fondos?
El mayor reto para los futuros jubilados es la posible insolvencia de los fideicomisos que sostienen este beneficio. Según informes de la Junta de Síndicos de la Seguridad Social, en menos de una década, los programas de jubilación del gobierno afrontarán una deuda de U$D 23 billones de dólares. Esto no quiere decir que no habrá más Seguridad Social, pero sí implica la implementación de recortes significativos en los beneficios a partir del año 2033.
El agotamiento del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI, siglas en inglés) podría tener consecuencias graves, ya que actualmente financia las pensiones de 51 millones de jubilados y más de 5 millones de beneficiarios sobrevivientes. Es decir, si los fondos se agotan, el gobierno estaría en la obligación de reducir los pagos de pensiones hasta en un 21% para poder mantener el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI, siglas en inglés) operativo hasta 2098.
Para poner esto en perspectiva, en 2024, la pensión promedio de un trabajador jubilado se mantiene en unos U$D 1918 al mes, pero poniendo en funcionamiento la reducción del 21% significa un recorte de U$D 507 mensuales, dejando al jubilado con U$D 1909 equivalente a un monto inferior a la que se espera recibir en el presente año.
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Un acuerdo político necesario
La responsabilidad de resolver este problema recae en los legisladores, pero las soluciones no son nada simples y requieren un acuerdo de partidos que tiene dificultades en su consenso. Existe la necesidad de una cantidad determinada de votos, la cual se define en 60, que posteriormente daría paso a un cambio en la legislación de la Seguridad Social.
Por un lado, los demócratas proponen incrementar los impuestos a los más ricos e imponer un impuesto sobre los salarios superiores a U$D 168 mil al año, que actualmente están exentos. No obstante, los republicanos sugieren postergar la edad de jubilación completa, actualmente fijada en 67 años, para que los trabajadores puedan contribuir más tiempo al OASI y otros fideicomisos.
Al fin y al cabo, no se ofrece una solución completa debido a la falta de consenso político que sigue siendo un obstáculo. Lamentablemente, los ciudadanos deben enfocarse en fortalecer sus propios ahorros para la jubilación, preparándose para un futuro financiero que podría ser más incierto de lo esperado.
