El gobierno de Donald Trump ha encendido la polémica al implementar métodos que buscan identificar personas potencialmente peligrosas para la ciudadanía estadounidense bajo criterios poco fiables. En este caso, se trata de un sistema de puntos bajo el cual los funcionarios podrían señalar a los inmigrantes como presuntos miembros del Tren de Aragua, cartel venezolano considerado por el Departamento de Estado como organización terrorista.
Defensores de inmigrantes, así como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han cuestionado incluso la validez de su aplicación. Según la ACLU, los funcionarios estarían clasificando a las personas inmigrantes como vinculadas a dicha organización en base a la cantidad de criterios detallados en una “Guía de validación del enemigo” que cumplan.
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¿Qué criterios utiliza ICE para señalar a alguien como miembro del Tren de Aragua?
Según la guía, a la que tuvo acceso la ACLU, entre las categorías que ICE considera para señalar a alguien como miembro del cartel venezolano, se incluye desde la posesión de tatuajes hasta ropa que presenten símbolos que puedan vincularse a la organización. Asimismo, la aparición de dichos símbolos en fotos que el inmigrante pueda tener en sus redes sociales también son motivo de tal clasificación. Llamadas, mensajes o transferencias de dinero con presuntos miembros del Tren de Aragua también son parte de los criterios.
El sistema de ICE asigna un puntaje específico según el inmigrante fiscalizado cumpla con tales motivos, y el resultado final es el que determina que sea sindicado como miembro de la organización o no, con las consecuentes medidas de deportación que ello implica.
¿Por qué este criterio es poco fiable?
Los criterios utilizados por el ICE privan al inmigrante del derecho al debido proceso, al valerse únicamente del cumplimiento de los mencionados requisitos para proceder a la deportación, sin llevar a cabo una investigación más profunda. Así lo señaló Silvia Mintz, abogada de inmigración.
Además, este método de validación convierte en objeto de deportación a cualquier persona mayor de 14 años, con lo cual se pondría en peligro a menores de edad que no tengan vinculación alguna con dicha organización.
La puesta en práctica de este sistema ha despertado la preocupación de defensores de derechos civiles, quienes ya han presentado demandas y solicitudes que buscan frenar el procedimiento de estas deportaciones masivas.
