El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus acciones en entornos laborales desde enero, arrestando a más de 1 000 trabajadores indocumentados en operativos nacionales. La entidad no solo apunta a los inmigrantes sin documentación, sino que también lanzó una seria advertencia a las empresas que faciliten su contratación: podrían afrontar graves sanciones económicas y legales.
Robert Hammer, director interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), subrayó que estos operativos buscan proteger la seguridad interna y los derechos de los trabajadores. ICE insiste en que contratar personal indocumentado no solo constituye una violación a las leyes migratorias, sino que también distorsiona el mercado laboral y perjudica a empleados estadounidenses, promoviendo prácticas laborales desleales.
Te recomendamos
ICE intensifica el control migratorio en centros de trabajo
En los últimos dos meses, ICE elevó su presencia en centros de trabajo de varios estados, enfocándose en identificar y detener a trabajadores sin la documentación requerida. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra una operación en Luisiana, donde 11 inmigrantes fueron arrestados en un solo operativo. Acciones similares se llevaron a cabo en Nueva Jersey y Pensilvania, incluyendo detenciones y exhaustivas verificaciones de documentos laborales. La agencia reafirmó su objetivo de desmantelar las redes de contratación ilegal en todo el país.
Las sanciones para las empresas que contraten personal indocumentado
ICE recordó que las empresas que contraten trabajadores indocumentados podrían recibir multas que oscilan entre U$D 250 y U$D 16 000 por cada empleado sin autorización laboral. Estas sanciones forman parte de las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), diseñadas para desalentar prácticas de contratación ilegal. Las autoridades recalcaron que las multas no solo representan un castigo económico, sino que buscan corregir las dinámicas laborales injustas que afectan a los ciudadanos y residentes legales.
