La ciudad de Orlando firmó el pasado mes de marzo el acuerdo de cooperación con ICE que brinda a los oficiales locales autoridad migratoria, como la referida a interrogar a sospechosos de no tener autorización para permanecer en el país, y gestionar su proceso de deportación en situaciones tan cotidianas como controles de tráfico. Esta norma se alinea a las políticas antimigratorias ya implementadas por su estado, Florida, desde el mes de febrero bajo el mando del gobernador Ron DeSantis.
Mientras que la adhesión significó la oposición de algunos miembros del Concejo de la ciudad, los líderes del estado pretenden ejercer presión sobre las entidades encargadas de aplicación de la ley para obedecer el acuerdo 287 (g), a riesgo de perder sus funciones.
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¿Qué es el acuerdo 287(g)?
El acuerdo 287(g) es un programa que permite a los agentes estatales y locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de leyes migratorias. Firmado por varios estados, el primero de los cuales fue California, el acuerdo 287 (g) permite que las agencias locales y estatales de policías sean entrenados por ICE y que puedan realizar interrogatorios y detenciones sin necesidad de una orden judicial , así como emitir órdenes administrativas de inmigración.
Florida presiona a sus agencias estatales a cumplir el acuerdo
La ley firmada por DeSantis no solo insta a los agentes estatales y locales a cooperar con ICE, sino que penaliza a quienes se rehúsan a cumplir la medida. En ese sentido, las ciudades que se resistan a la cooperación corren el riesgo de que sus funcionarios sean removidos. La ciudad de Fort Myers, por ejemplo, se negó en un inicio a firmar el acuerdo, pero terminó accediendo ante amenazas legales del estado. Incluso, el 14 de marzo, el zar de inmigración de Florida, Larry Keefe, dio a conocer que una nueva herramienta de denuncia anónima entraría en uso, el Panel de Responsabilidad de las Fuerzas del Orden (LEAD, por sus siglas en inglés), en el que tanto oficiales como el público podrían reportar faltas de cumplimiento y desacato a las leyes de inmigración.
