Colombia: ¿cómo se lucha contra la deforestación tras la salida de las Farc?

Tumbar selva para meter vacas es la principal causa de la destrucción de los bosques en el departamento de Caquetá, uno de los más deforestados del país. El problema se agudizó con el proceso de desarme de las FARC. Pero por primera vez el gobierno crea una estrategia para enfrentar un reto descomunal.

La salida de las FARC hacia las zonas de concentración, a finales del año pasado, coincidió con una explosión de la tala de bosque en la región. Las cifras oficiales no se conocen todavía, pero los lideres de la región hablan de miles de hectáreas desaparecidas en cuestión de tres meses. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Fuerza Aérea de Colombia.

(Mongabay Latam / Semana Sosteible). Una vaca por cada hectárea.

Esta equivalencia resume el modelo ganadero del Caquetá, pero al mismo tiempo define la dinámica de la destrucción de la Amazonía en esa parte del país.

Rafael Orjuela conoce bien esa historia. Este líder comunal vive en Remolinos del Caguán, una vereda situada a ocho horas por río de la cabecera urbana de Cartagena del Chairá, municipio que según las cifras oficiales de 2015 ocupó el primer lugar en deforestación en el país. De las 23 812 hectáreas de bosque que se talaron en el Caquetá el 20 % de las que se tumbaron en toda Colombia, 10 822, más de la mitad,  se perdieron allí principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria.

“Acá en Remolinos con la coca empezó el problema que todos conocemos”, afirma Orjuela. Él llegó a la región a principios de los años ochenta y recuerda que por esa época la guerrilla, que ya mandaba en esas inmensas selvas que conectan los bosques andinos de la cordillera oriental con las sabanas amazónicas, le decía a la gente que la coca se iba a acabar y que había que abrir fincas para tener tierra cuando eso sucediera.

Rafael Orjuela es un líder comunal de Remolinos del Cagúan, una vereda de Cartagena del Chairá, el municipio más deforestado de Caquetá y del país en 2015. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

Según Orjuela, esa premonición se cumplió en 2004, cuando las fumigaciones aéreas con glifosato marchitaron las últimas hojas de coca en Remolinos “y la ganadería fue lo único que la gente encontró a la mano para sobrevivir”. En 2015 apenas 7000 hectáreas eran destinadas para ese cultivo en Caquetá, mientras que para la ganadería más de 1,5 millones.

El alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Francisco Vargas, confirmó la versión de Orjuela. “La gente cultivaba su coca y cuando la vendía lo primero que hacía era tumbar 50 hectáreas de montaña, meter y así empezaba a alistarse para el momento en que la coca se fuera a acabar. Así funcionó acá: démosle a la coca, abramos fincas y cuando se acabe tenemos resuelto el tema”.

El problema es que desde entonces la frontera no ha parado de crecer. Como explica Mario Barón, director de Corpoamazonia, el uso agropecuario de la tierra no corresponde con su vocación forestal. Eso, sumado a que nunca ha habido inversión pública en esas zonas, ha hecho que la ganadería se convierta en una actividad económica necesaria aunque poco rentable.Para que produzca dinero,  señalan los expertos, es necesario tener muchas vacas que a su vez ocupen mucho espacio. Y eso solo se puede lograr a costa de la selva.

El modelo ganadero que se ha implementado en el Caquetá es netamente extensivo. Por deficiencias tecnológicas pero también por un asunto cultural, en la región se habla de que es necesario tener una vaca por hectárea para que el negocio sea rentable.Y esto solo se logra a costa de la desaparición de la selva. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

“Como no hay refrigeradores, la mayoría de la leche se convierte en queso. Para producir una arroba, se necesitan 100 litros y se la pagan a uno a 50 000 pesos (20 dólares aproximadamente). Pero una vaca en esta región produce en promedio apenas tres litros y para que sea productiva hay que darle una hectárea. Entonces calcule cuántas vacas y cuánta tierra hay que tener para vivir dignamente de este negocio”, dice Orjuela.

Pero además de esas razones, el fenómeno de la deforestación en el Caquetá no se puede entender sin tomar en cuenta un factor cultural asociado a la sensación de abundancia inagotable, la cual suelen experimentar quienes viven en la frontera de una selva inmensa como la de la Amazonía. “La gente siempre vio estas tierras nuevas como una oportunidad para tumbar las montañas, abrir potreros y poner pastos para el ganado”, dice el alcalde Vargas.

Luis Francisco Vargas es el alcalde de Cartagena del Chairá. En este municipio se tumbaron casi la mitad de las hectáreas de bosque que desaparecieron en todo el departamento del Caquetá en 2015. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

El problema cambia de manos

A pesar de ser un problema de largo aliento, recién a finales del año pasado el Estado colombiano sumó a su lista de tareas pendientes el control de la deforestación en el Caquetá. Este departamento fue uno de los epicentros de la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Allí se liberó de la presencia estatal un área de 42 000 kilómetros durante el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana y un gran porcentaje de sus territorios estuvo hasta finales del año pasado bajo el control de esa guerrilla.

Durante esos años la destrucción de los bosques fue una constante, pero paradójicamente las FARC ejercieron una autoridad ambiental que evitó que el daño fuera mayor. Orjuela dice que “en tiempos de la guerrilla, por iniciativa de las comunidades, creamos un manual de convivencia que tenía 16 normas ambientales que iban desde la prohibición de tumbar a la orilla de los ríos hasta la de entrar a las zonas de reserva que habíamos instituido”.

El alcalde Vargas cuenta que el manual decía que todo propietario tenía derecho a tumbar hasta el 50 % para meter pasto, el 25 % se usaba para sacar madera y cazar, y el 25 % restante se podía aprovechar progresivamente para sembrar cultivos para el consumo diario de las familias. “También decía que para tumbar había que pedirle autorización a la guerrilla y a las Juntas de Acción Comunal y estaban definidas unas zonas de protección ambiental en donde nadie podía escoger tierras. Pero apenas la guerrilla se fue, todo el mundo comenzó a meterse a tumbar”, advierte Rafael Orjuela.

Rafael Orjuela calcula en 20 000 las hectáreas de bosque derribadas tan solo en Cartagena del Chairá tras la salida de las FARC. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Fuerza Aérea de Colombia.

Como reportó Mongabay Latam hace dos meses, la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales de desarme a finales del año pasado coincidió con una explosión de la deforestación en el Caquetá, cuyas cifras oficiales no se conocerán hasta que el Instituto de Hidrometeorología y Estudios Ambientales (IDEAM) presente el reporte del año 2016 a mediados de este año. Entre tanto, Rafael Orjuela se atreve a calcular en 20 000 las hectáreas de bosque derribadas tan solo en Cartagena del Chairá tras la salida de las FARC.

En San Vicente del Caguán (Caquetá), el segundo municipio más deforestado en 2015 y el primero del país en 2014, también se vivió una situación parecida. Nicolás Velásquez, presidente de la Junta de Acción de la vereda Paraísos del Yarí, cuenta que tras la salida de las FARC de la región mucha gente optó por invadir una zona de reserva que durante años estuvo protegida de la deforestación. 

Velásquez explica que las razones para invadir la reserva son distintas. “Esto es un revoltijo de gente que tiene tierra y que ha aprovechado para expandir la frontera, pero también de personas pobres que siempre han sido jornaleros, mayordomos o mujeres cabeza de hogar que realmente la necesita. Igualmente hemos sabido de finqueros con mucha plata que vienen de otros municipios a patrocinar talas masivas de 100 y 200 hectáreas para apropiarse de las tierras y venderlas posteriormente”, dice.

Ante la magnitud del fenómeno, la primera respuesta del gobierno fue conformar la “Burbuja contra la deforestación”, una estrategia interinstitucional liderada por la gobernación del Caquetá, donde participan las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Ambiente y Corpoamazonia. Según el gobernador Álvaro Pacheco, desde su constitución en diciembre pasado, 47 personas han sido capturadas por delitos contra el medio ambiente. Y aunque todas se encuentran libres, “la gente está viendo que sí vamos a actuar y seguiremos apretando en ese sentido”.

El general César Parra, comandante de la Brigada 12 del Ejército con jurisdicción en el Caquetá, resalta que la acción de la Burbuja también ha permitido hacer reconocimientos aéreos focalizados, llegar a zonas aisladas para apagar incendios, la capacitación de 1600 hombres de las Fuerzas Armadas en temas de control ambiental y la entrega de más de 100 000 volantes. También a través de emisoras radiales comunitarias se está informando a la población sobre los delitos contra el medio ambiente y las sanciones penales que existen.

Terrenos deforestados en el departamento de Caquetá. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Foto: Revista Semana.

Aunque estas medidas de control territorial buscan atacar una parte del problema, que es según el gobernador Pacheco “de unos vivos que están aprovechando la coyuntura para coger baldíos de nuestras montañas y luego venderlas con algún tipo de documento privado”, el aporte de la ganadería extensiva en la desaparición de los bosques demuestra que la deforestación es un problema social y cultural en el Caquetá.

Por eso la segunda apuesta del gobierno es por una solución estructural a la deforestación a la que ha denominado Visión Amazonía. Se trata de un programa del Ministerio de Ambiente financiado con recursos internacionales para aportar en la mitigación del cambio climático a través de la protección de los ecosistemas amazónicos. En palabras de su coordinador, José Yunis, “se trata de que esta región sea próspera y competitiva pero respetuosa del bosque, sin talar la vida para poner media vaca por hectárea”.

Durante las jornadas de socialización de Visión Amazonía en Remolinos del Caguán, Ariadna Polo y Fanny Otaya pudieron conocer de cerca la compleja relación de estas comunidades con la selva. Estas ingenieras ambientales son las primeras funcionarias del Estado, aparte de los militares, que han llegado a esas veredas en medio siglo. Y por lo tanto han tenido que enfrentar la desconfianza, el escepticismo e incluso recibir “los desahogos” de la gente ante ese largo abandono.

“Nosotras llegamos con los mapas del registro de deforestación del Ideam y las personas no se sorprenden porque son conscientes de que está acabando con los bosques, pero siempre nos dicen que ellos tienen necesidades y nos preguntan ¿dónde están las soluciones que nos ofrece el gobierno?”, cuenta Polo.

En 2015 apenas 7000 hectáreas eran destinadas para cultivar coca en Caquetá, mientras que para la ganadería más de 1,5 millones. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

Muchos, sin embargo, se muestran escépticos cuando ellas responden que la idea es establecer proyectos agroforestales para no depender solo de la ganadería y aprovechar los productos del bosque. “Acá la gente sabe que está mal tumbar los árboles pero tampoco tiene ni idea de cómo estos pueden ser rentables para ellos. Por eso siempre insisten mucho en que la única solución está en la ganadería porque ‘el monte no sirve, no da para comer’ ”, dice Otaya.

Con todo, ambas coinciden en que la población está dispuesta a “cambiar el chip”, pero se necesita que las inversiones se vean en el territorio. Y en este aspecto el alcalde Vargas puede jugar un papel fundamental. Al menos eso es lo que se desprende de sus declaraciones, en las que se compromete a dejar un precedente en materia de reducción de la deforestación en su municipio.

“Acá hasta hace poco nos estamos pellizcando por el tema de la deforestación. En esta región nunca hubo una política clara de uso del territorio y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta administración”, afirma el alcalde. Por eso, aunque según sus cifras, el 80 % de la economía de su municipio depende de la ganadería, ha establecido mecanismos para que el fomento de la actividad no signifique la expansión de la frontera agropecuaria.

“Montamos un sistema de créditos a pequeños productores en el que la alcaldía le firma el aval de garantía frente al banco, a cambio de que el propietario se comprometa a no deforestar más. Además, el concejo municipal me acaba de aprobar un acuerdo para hacer descuentos en el impuesto predial, de acuerdo al porcentaje de bosques naturales que la persona tenga y conserve en su finca”, explica Vargas.

Aparte de eso, el mandatario coincide con las propuestas de Visión Amazonía sobre el aprovechamiento sostenible del bosque y dice que está dispuesto a liderar su implementación en Cartagena del Chairá. “Yo le digo a los productores que para lo único que veo plata es para lo ambiental y que por eso se tienen que preparar para darle un cambio a sus fincas”.

“Voy a sentarme con todas las instituciones ambientales y con los operadores para garantizar que la plata se materialice en beneficios para la gente. Por ejemplo, necesitamos llevarles a los campesinos palmas de asaí para que aprendan a aprovechar esas semillas, que tengan gallinas y una granja amazónica para que coman y no tengan que tumbar la montaña. Si yo soy el que tengo que poner la cara por este tema, me tengo que asegurar de que todos estemos trabajando por el mismo propósito”, afirmó el alcalde.

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Despues del conflicto armado, el Caquetá, un departamento que está ubicado al sur del país, en la región Amazonía, presenta los niveles más altos en deforestación. Cartagena del Chaira es el pueblo mas deforestado de Colombia y la mayor causa de la desaparición de masas forestales es la ganadería. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.
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