Perú: más de 12 mil hectáreas de deforestación y 9 pistas de aterrizaje para narcotráfico en Ucayali

Dos horas de viaje por el río Tacshitea y unos 50 minutos de caminata entre la selva espesa que antecede al Parque Nacional Sierra del Divisor, ese es el último recorrido que Samuel* ha realizado desde la comunidad nativa Nuevo Saposoa, en el distrito de Callería, región Ucayali, donde vive hace 46 años. El sector al que accedió es una extensión de cuatro hectáreas de bosque primario depredado y cercano al caserío Parinari. La ubicación la obtuvo a partir de una de las 22 alertas de deforestación que ha emitido la plataforma Global Forest Watch, para ese territorio shipibo conibo, en lo que va de setiembre. Hace nueve años Samuel monitorea el estado de los bosques próximos a los pueblos indígenas situados en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor. Para eso ha sido capacitado. Él es un activo guardián del bosque, aunque su labor lo lleva siempre a escenarios críticos.

En este lado de la selva peruana cada alerta entraña una historia distinta pero con un denominador común. Las alarmas que el comunero de Nuevo Saposoa detecta pueden trasladarlo unas veces hasta zonas con más de seis hectáreas de deforestación, y otras a terrenos que apenas han comenzado a ser depredados. Todos los indicadores que recibe, sin embargo, están relacionados con la tala indiscriminada para el cultivo de hoja de coca.

Parinari, a donde ha sido su desplazamiento más reciente, es un caserío habitado por personas no indígenas que hasta el 2015 estuvieron asentadas en Nuevo Saposoa. Samuel dice que estos invasores llegaron a sembrar 30 hectáreas de cocales en su comunidad. Pero las alertas de deforestación que iba captando permitieron al personal del Proyecto Especial de Control y Reducción del cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) llegar hasta las chacras de coca y erradicarlas. Los foráneos dedicados a esta actividad se vieron obligados a desplazarse.

“Ahora están en Parinari, un caserío que limita con Nuevo Saposoa y que está cerca del parque nacional. Tenemos varias alertas de siembra ilícita ahí. Hay al menos 50 hectáreas de cocales por ese sector”, detalla a Mongabay Latam.

Parinari es un centro poblado de paso en la ruta desde Nuevo Saposoa hacia el Parque Nacional Sierra del Divisor, área natural protegida de 1.4 millones de hectáreas, ubicada entre Ucayali y Loreto. El caserío San Pablo de Anguillal, que también colinda con Nuevo Saposoa, aunque más cercano al parque nacional que Parinari, es otro sector al cual apuntan con frecuencia las alertas de deforestación por sembríos de hoja de coca. Ambos (Parinari y San Pablo de Anguillal) están asentados en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor y son focos de depredación y riesgo permanente para el parque nacional.

Fuentes locales aseguran que los comuneros de Patria Nueva, pueblo shipibo considerado como otra de las puertas de entrada a Sierra del Divisor, detectaron que en San Pablo de Anguillal se elabora constantemente clorhidrato de cocaína. Además que, hace cuatro meses, durante un patrullaje comunitario por este caserío, siguiendo un camino agreste que trazaba abundantes matas de coca hallaron una poza de maceración.

“Con la llegada de la pandemia vino mucha gente de la ciudad a buscar territorios y ahora sus actividades amenazan nuestro bosque”, narran los shipibos de Nuevo Saposoa. Esta comunidad alberga a 230 habitantes y es una de las más pobladas entre las 12 correspondientes a la zona de amortiguamiento del parque nacional. Samuel es uno de los coordinadores de estos pueblos debido a la pericia que ha desarrollado en el manejo de nuevas tecnologías para la lucha contra la deforestación. Según cuenta el comunero, primero fue instruido por Rainforest Foundation y luego por la ONG Global Conservation. Hoy en día, además de verificar las alertas, encabeza patrullajes por los contornos del Parque Nacional Sierra del Divisor.

Lo que ocurre en el límite sureste de Sierra del Divisor es apenas una muestra de la cruda situación forestal vigente en toda la región Ucayali. Una realidad que ha quedado expuesta en un reciente informe oficial sobre pérdida de bosques, el cual incluye, entre otros detalles alarmantes, una deforestación de más de 12 mil hectáreas y el hallazgo de 9 pistas de aterrizaje para los envíos de droga al extranjero.

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Narcotráfico sigue ganando terreno

El pasado 27 de agosto, la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional de Ucayali realizó un sobrevuelo para identificar los sectores de mayor desbosque en esta parte de la Amazonía próxima a la frontera con Brasil. La comitiva, integrada también por representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, se enfocó principalmente en la zona sur de Sierra del Divisor.

Nuevo Saposoa fue una de las zonas de inspección en campo así como los sitios de tala indiscriminada a donde conducen las alertas que recibe Samuel. En el sobrevuelo no solo quedó en evidencia que la deforestación y la amenaza del narcotráfico carcomen territorios de comunidades nativas, sino también concesiones forestales y áreas por las que transitan los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, se registraron 590 alertas de deforestación, en los caseríos de Anguillal y Parinari, desde inicios de enero hasta el 17 de setiembre de este año. En la zona oeste del parque, cerca del poblado de Anguillal, se registraron 484 alertas de deforestación y estas señales se incrementaron a partir de julio pasado. Es así como entre inicios de julio y mediados de setiembre se detectaron 377 de estas, es decir, un 77% del total detectado en el año.

 

Mientras tanto, en la zona sur del Parque Sierra del Divisor, cerca de los poblados de Parinari y Korin Bari, se detectaron 106 alertas. Solo entre los meses de agosto y mediados de setiembre se concentraron 89, un 83% del total. Samuel detectó 22 de ellas.

 

La evaluación en campo de la Gerffs permitió entonces constatar los resultados incluidos en el último informe sobre pérdida de cobertura boscosa en Ucayali y las alertas detectadas en los patrullajes de las comunidades. El documento fue elaborado por el Área de Catastro y Monitoreo Satelital de la Gerffs, y tiene como dato principal que esta región registró una deforestación de 12.345 hectáreas entre el 1 de enero y el 13 de agosto del 2021. Solo entre julio y lo contabilizado en agosto hubo 7.835 hectáreas de bosques devastados, es decir, el 63.48% del total de la superficie afectada. Las cifras revelan que la tala ilegal con fines de narcotráfico ha recrudecido ya que, de acuerdo con la Gerffs, durante el mismo periodo del 2020 la depredación forestal en Ucayali llegó, aproximadamente, a 9.000 hectáreas.

 

La particularidad de los puntos de deforestación detectados es que están en zonas de difícil acceso, principalmente, en la frontera con Brasil. Las proyecciones de los funcionarios de la Gerffs indican que a fin de año la cifra de desbosque en Ucayali superará las 42.463 hectáreas registradas el 2020, en caso las entidades competentes no tomen las acciones necesarias desde ahora. La gerencia forestal del Gobierno Regional de Ucayali apunta que la pérdida de bosques en esta región es propiciada por el narcotráfico pues se trata de sectores totalmente depredados, y no a causa de una tala selectiva que podría ser atribuida a madereros ilegales.

El estudio para el periodo enero-agosto 2021 da cuenta, además, de que Raymondi, distrito ubicado en la provincia de Atalaya, tiene la mayor pérdida de superficie boscosa: 2.402 hectáreas. Lo sigue el distrito de Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, cuya depredación forestal alcanza las 1.716 hectáreas. Tahuanía, en la provincia de Atalaya, tiene 1.666 hectáreas de bosques devastados. Estos tres distritos acumulan casi el 47% de la deforestación en todo Ucayali. Nueva Requena y Callería, jurisdicción donde está situado Nuevo Saposoa, llegan a 1.144 y 1.106 hectáreas de desbosque, respectivamente.

Las áreas más afectadas por la deforestación en Ucayali están, además, sobre concesiones con fines forestales, de conservación, ecoturismo y bosque local. Aquí han sido identificadas 4.009 hectáreas de depredación, o sea el 32.48%. La segunda categoría territorial con mayor perjuicio corresponde a las comunidades nativas. El desbosque en los pueblos indígenas ucayalinos suma 2.710 hectáreas, es decir, el 21.95%. En Sinchi Roca 1 y 2 hubo una pérdida de 300 hectáreas de bosques. Santa Rosa reportó 141 hectáreas y Mariscal Cáceres tuvo 50 hectáreas de devastación forestal. En los últimos 20 años, las comunidades nativas de Ucayali han perdido 100,085.15 hectáreas de bosques. Los años en que esta depredación se agudizó fueron 2019 (8.216 hectáreas) y 2020 (9.701 hectáreas).

Las cuatro comunidades que, de acuerdo con el informe, registran mayor pérdida de cobertura boscosa pertenecen a la provincia de Padre de Abad. Flor de Ucayali, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, no figura al menos entre las cinco jurisdicciones más deforestadas de Ucayali. Sin embargo, el ex jefe de esta comunidad y actual vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Miguel Guimaraes, sostiene que la depredación de bosques en Flor de Ucayali ya bordea las 3.000 hectáreas. El dirigente está convencido de que el desbosque en Ucayali en lo que va del año es mucho mayor a la cifra establecida en el informe de la Gerfss (12.345 hectáreas).

 

“Pienso que han evaluado solo las zonas que tienen mayor conflicto, pero hay otros sectores donde el narcotráfico está operando silenciosamente como el distrito de Iparía y por la quebrada del río Utiquinía. En Flor de Ucayali, por ejemplo, no es visible esta situación”, declara Guimaraes a Mongabay Latam.

El pasado 1 de julio las fiscalías en Materia Ambiental y Antidrogas, junto con personal de la Gerffs y la Policía, realizaron una intervención en Flor de Ucayali. Allí hallaron amplias extensiones de sembríos de coca y tres campamentos para la elaboración de droga. El operativo multisectorial se desarrolló en el límite de Flor de Ucayali con el caserío Santa Sofía, luego de que las autoridades recibieran denuncias sobre la presencia del narcotráfico en aquel contorno de la comunidad. Pero Miguel Guimaraes dice que las autoridades solo llegaron al punto donde recién empiezan las chacras de hoja de coca y no recorrieron ni el 50% del territorio invadido por cultivos ilícitos. “Desde el lugar al que llegó la comitiva hay una hora de camino en que se pueden ver puros cocales. Luego de la intervención los invasores se retiraron unos días pero luego regresaron y, con ellos, las amenazas a la comunidad”, indica con preocupación.

Hasta julio de este año, la Defensoría del Pueblo consigna que nueve defensores indígenas y ambientalistas fueron asesinados desde el 2020. Se trata de casos sobre los cuales la institución tuvo conocimiento por denuncias o a través de los medios de prensa, según le explicó a Mongabay Latam la jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo. Santiago Vega Chota, indígena cacataibo a quien mataron en julio del 2020, por ejemplo, no está incluido en la lista. Pero en la nómina sí figura el caso de Herasmo García, otro cacataibo asesinado a fines de febrero del 2021. Ambos pertenecían a Sinchi Roca, la comunidad nativa de Ucayali más deforestada por el narcotráfico en lo que va del 2021, según el estudio de la Gerffs. Días antes de la muerte de García, se produjo el asesinato del también cacataibo Yenes Ríos, cerca de su comunidad, Puerto Nuevo (Ucayali). De los tres homicidios perpetrados contra indígenas este 2021, dos fueron en Ucayali. En todos los casos las investigaciones apuntan a narcotraficantes.

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Nueve pistas más

La Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre (Gerffs) de Ucayali informó que el estudio sobre el desbosque actual en esta región es resultado de los análisis a las alertas tempranas de deforestación y la evaluación en detalle de diversas imágenes satelitales. A partir de esta metodología, el Área de Catastro y Monitoreo Satelital detectó nueve pistas de aterrizaje clandestinas que fueron habilitadas por el narcotráfico entre el 1 de enero y el 13 de agosto del 2021. De estas, cinco están sobre concesiones forestales, una en un área no catastrada, otra en un predio privado y dos trazas dentro de territorios de reservas indígenas. Una de estas últimas se ubica sobre el área de ocupación del pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial cacataibo – zona norte, en Aguaytía (provincia de Padre Abad), considerado vulnerable por el Estado peruano y las convenciones internacionales. La vía fue abierta entre junio y agosto.

Según la Gerffs, las pistas miden entre 800 y 1.200 metros de largo, y llegan a tener de 12 a 40 metros de ancho. De las nueve pistas identificadas este año, hasta el 13 de agosto, dos están situadas en el distrito de Raymondi, dos en Sepahua y dos en Padre Abad. En tanto, hay una en el distrito de Masisea, otra en Curimaná y una pista más para la salida de droga en Callería. En todo el 2020, la misma gerencia detectó 45 pistas clandestinas en Ucayali, 13 de estas habilitadas sobre comunidades nativas. Es decir, en el último año y medio, indica la Gerffs, las mafias de narcotráfico asentadas en esta región amazónica abrieron 54 pistas de aterrizaje clandestinas, principalmente, en zonas de difícil acceso y cercanas a la frontera con Brasil.

Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que agrupa a 13 federaciones y representa a 340 comunidades nativas de Loreto, Ucayali y Huánuco, también considera que el problema predominante para los pueblos indígenas, actualmente, es el narcotráfico y sus delitos conexos por encima de la tala ilegal. Durante la presentación del informe de la Gerffs, Diques fue enfático: “¿Tenemos que esperar a que muera otro indígena para estar en la alarma nacional?, ¿y solamente por reclamar nuestros derechos?. No puede ser. Los concesionarios de Tahuanía (provincia de Atalaya) están siendo retirados por presión del narcotráfico. Tenemos que accionar, no podemos convertirnos en un segundo Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, zona que abarca las mayores extensiones de sembríos de hoja de coca en el Perú)”.

La emergencia sanitaria en el Perú generada por la propagación del coronavirus también ha sido un factor determinante para la crítica situación forestal de Ucayali. Así lo considera el coordinador de la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de esta región, Froebel Dumas Campos Malpartida. El fiscal detalla que la ausencia del Estado en comunidades, carreteras y vías fluviales durante la pandemia ha posibilitado las invasiones de tierras, el retiro ilegal de madera y, tras ello, el incremento de las parcelas de coca. Hace 15 días un grupo de fiscales del despacho que encabeza Campos ingresó a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, un sector colindante a una de las vertientes del río Aguaytía donde, en noviembre del año pasado, el personal fiscal había hallado una pista de aterrizaje y amplias extensiones de cocales. El escenario actual es el mismo, asegura, prueba de la actividad permanente del narcotráfico allí.

“Hay que entender que el narcotráfico compra a la gente cuando entra a un lugar. Da empleo, dádivas y a veces la gente no sabe qué está ocurriendo en sus zonas. Por eso en muchos lugares no ponen la denuncia que corresponde”, explica.

 

Mongabay Latam solicitó una entrevista con el jefe de la oficina de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú en Pucallpa, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

En Nuevo Saposoa y Patria Nueva, dos de las comunidades denominadas ‘puerta’ a Sierra del Divisor, ya casi no se registran alertas por deforestación. Samuel, uno de los shipibo conibo que coordina allá la lucha contra la devastación de los bosques, dice que el problema grave está en sus colindancias o las proximidades al parque nacional. Desde esos focos convulsos de narcotráfico todavía llegan las amenazas contra su comunidad y él mismo. “Siempre hay rencores con nosotros porque saben que hacemos patrullaje y monitoreo. Igual vamos a seguir”, señala con determinación. No sabe a dónde lo va a llevar la próxima alerta que atienda, pero sí que puede encontrar un lugar peor cada vez.

*Los nombres de algunas personas han sido cambiados en este reportaje por su seguridad.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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