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¿Es Perú un país accesible para todos sus ciudadanos?

Más del 30% de peruanos con alguna discapacidad física enfrenta limitaciones para acceder a espacios públicos, según el INEI. En este reportaje recogemos testimonios de ciudadanos y analizamos el trabajo que las autoridades están realizando para poder garantizar un país accesible para todos.

Por: Yuriko Aquino

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Barreras en la ciudad

Buses de transporte público que dejan a los pasajeros en medio de la pista, paraderos que no se anuncian y prejuicios constantes de la gente son las barreras que Andrea Burga, periodista de 28 años y activista con discapacidad visual, enfrenta a diario al movilizarse. “Como persona ciega, te encuentras con los estereotipos de las personas que no saben cómo ayudarte y, si eres mujer, hay mucho acoso callejero”, señala.

Alan Aquino tiene 32 años y es usuario de silla de ruedas desde hace siete. Al igual que Andrea, en las calles de nuestra capital se suele topar con barreras estructurales y urbanísticas como rampas y gradas mal hechas, edificaciones que no tienen el acceso adecuado para las personas con discapacidad física y poca accesibilidad en el transporte. 

Así como Andrea y Alan, en Perú existen 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad (el 10.3% de la población nacional según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática) que comparten una historia común de invisibilidad y exclusión, con trabas y barreras en su ciudad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señala que 8 de cada 10 personas con discapacidad requiere algún tipo de asistencia para realizar sus actividades cotidianas, sin embargo, el 39.87% no cuenta con ese apoyo.

 

Andrea Burga, periodista y activista con discapacidad visual | Fuente: Andrea Burga

Aunque en el año 2019 se creó la norma técnica de Accesibilidad Universal para Edificaciones A120 que establece las especificaciones de diseño para hacer más accesibles las edificaciones a las personas con discapacidad, sus usuarios señalan que muchas veces se construye sin tenerla en cuenta. Para Alan Aquino, el incumplimiento de esta normativa recae en el desconocimiento de los profesionales involucrados. “Todos llegan con muy buena voluntad, pero a veces se encuentran con algo nuevo y no saben cómo trabajarlo. Eso crea incapacidad de gestión e impunidad”, indica.

Ambos activistas coinciden en que la actitud de las personas es la principal barrera. “Hay normas que protegen, promueven y fomentan los derechos de las personas con discapacidad para su inclusión plena; sin embargo, vemos que a veces no nos brindan las atenciones, los espacios, ni las facilidades que deberíamos tener por nuestra condición”, afirma Alan, quien también fundó la Asociación de Programas y Políticas Públicas para personas con discapacidad (Asprod-Perú) con la que resuelve consultas y publica información relevante del tema.

Según el sondeo “Discapacidad y Espacio Público” de Lima Cómo Vamos, el 22% de encuestados afirmó que, cuando interactúan con el espacio público, experimentan barreras por las actitudes de la gente que los rodea, ya sea por estereotipos, estigmas o prejuicios.

 

Víctor Hugo Vargas, director de Fiscalización y Sanción del CONADIS y abogado con discapacidad visual. | Fuente: Víctor Hugo Vargas

Por ese motivo, es muy importante la concientización y sensibilización de la población en estos temas desde la escuela, talleres, cursos o activaciones. “Gran parte de los problemas urbanos podrían mitigarse si todos, como ciudadanos, tuviéramos un sentido de sociedad donde el bien común esté por encima del bien individual”, puntualiza César Simborth, arquitecto urbano y gerente de la consultoría CSCONS Urbanismo, Transporte y Movilidad Urbana.

La Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene desarrollando, a nivel nacional, campañas de sensibilización y promoción mediante módulos experimentales que recrean el día a día de una persona con discapacidad o movilidad reducida. Esta plataforma simula la experiencia de caminar en una vereda chocando con varias barreras urbanas como arbustos, postes, pendientes de rampas mal hechas o los mismos ambulantes.

 

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| Fuente: Ministerio de Vivienda

“Esto significa ponernos en los zapatos de ellos para que la población tome conciencia de lo que tienen que vivir día a día”, sostiene Catherine Ambia, directora general de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda. Se está planteando que se puedan colocar permanentemente en varios distritos de la capital.

 

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Otro gran problema es el descuido de las autoridades. Por ejemplo, Andrea comenta que el 15 de setiembre estuvo presente en la firma del Acta de Compromisos por la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Gestión Municipal, evento al que acudieron solo algunos candidatos a la alcaldía. Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, no se presentó ni envió a algún representante a firmar el acuerdo. “Realmente, el tema de la accesibilidad no es una prioridad para ningún municipio y la prueba es que no se utiliza adecuadamente el presupuesto destinado para este”, agrega la activista.

De hecho, la Ley de Presupuesto del Sector Público establece que los gobiernos regionales y locales están obligados a utilizar el 1% de su presupuesto en proyectos pensados para personas con discapacidad. De ese 1%, el 0,5% debe ser a favor de la realización de obras, mantenimiento o reparación para mejorar la accesibilidad de la infraestructura urbana, mientras que con el otro 0,5% se financian los gastos operativos, programas y servicios que deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPEDS) y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS).

Desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), ente que protege los derechos de las personas con discapacidad, se está trabajando en tres frentes muy puntuales. El principal es hacer que la sociedad, a través de eventos de concientización como exposiciones, ferias, mensajes en redes sociales y asistencias técnicas, pueda ver la ciudad desde la perspectiva de la discapacidad.

El segundo es su función fiscalizadora. Son alrededor de 25 requisitos que deben cumplir las entidades públicas como el derecho a la accesibilidad urbana, en el área educativa, la cuota de empleo para las personas con discapacidad (5% en el sector público y 3% en el privado), entre otras. Si no las cumplen, deben ser sancionadas.

Por último, el CONADIS tiene la misión de generar condiciones en las cuales el enfoque de discapacidad esté presente en el quehacer de todo el Estado. Un logro es que desde el 2021 cuentan con la Política Nacional Multisectorial para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad al 2030, que propone el desarrollo de 31 servicios: 17 ya existen y se busca fortalecerlos y 14 son servicios nuevos.

“Quiero decirle a las nuevas autoridades que el CONADIS está para ayudarlos a gestionar adecuadamente los recursos y a lograr ciudades accesibles con servicios adecuados para todos. Trabajando por la discapacidad se apuesta, definitivamente, por el desarrollo de nuestro país”, añade Víctor Hugo Vargas, abogado con discapacidad visual y director de Fiscalización y Sanción del CONADIS.

 

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Por una ciudad con espacios accesibles para todos y todas

El Plan Nacional de Accesibilidad, 2018 – 2023 del CONADIS explica que la “Accesibilidad Universal” consiste en planear, construir, rehabilitar y conservar el entorno teniendo en cuenta las necesidades de cualquier persona sea cual sea su edad, circunstancia o capacidad.

“Cuando hablamos de Accesibilidad Universal no nos referimos a diseñar soluciones que sean solamente para un determinado grupo de la sociedad, sino que apunta a que el diseño urbano y las edificaciones sean accesibles y utilizables por todos”, desarrolla Simborth.

 

César Simborth, arquitecto urbano y gerente de la consultoría CSCONS Urbanismo | Fuente: César Simborth

En ese sentido, el arquitecto destaca que el concepto de Accesibilidad Universal debe estar muy vinculado al de seguridad vial, sobre todo porque en Perú la forma principal de movilizarse es el transporte público, ya que es de bajo costo y permite desplazamientos largos a las personas que no tienen carro. Pero ¿qué pasa cuando el transporte público no es accesible? Los usuarios se ven desincentivados y terminan relegándose socialmente de sus actividades y de la economía, refiere.

“Según estudios de línea base que se han hecho en nuestro país, se ha identificado que la mayor cantidad de accidentes que se producen involucran peatones, que son justamente usuarios vulnerables (61.7% de fallecidos por siniestros viales son peatones, pasajeros de motos o bicicletas, según el Ministerio de Transportes). Para ello, es necesario tener diseños del espacio público accesibles y soluciones que sean seguras vialmente”, enfatiza el arquitecto urbanista.

Por su parte, el director de Fiscalización de CONADIS argumenta que una ciudad está en constante construcción y desarrollo, pero que siempre debe desarrollarse bajo el enfoque de Diseño Universal. Este es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace cuyo objetivo es hacer que los productos, las comunicaciones y el entorno sean utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un costo nulo o mínimo.

 

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“Es un principio y un conjunto de acciones que generan servicios capaces de atender adecuadamente y con calidad a todo tipo de personas: con discapacidad, sin discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas”, sostiene Víctor Hugo Vargas.

Además, es importante contemplar que la cadena de accesibilidad consiste en el ingreso, el total desplazamiento y la salida de un recinto. “Tenemos que sacarnos de la cabeza que la accesibilidad es únicamente hacer rampas o plataformas. La accesibilidad va más allá de eso y debe garantizar toda la ruta y el desplazamiento tanto en una infraestructura como también en un servicio”, destaca la representante de Vivienda.

 

Catherine Ambia, directora general de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda | Fuente: Catherine Ambia

Pero para lograr una ciudad bajo este diseño se requiere de la participación coordinada de muchos actores, como el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como las municipalidades distritales. También se necesita de la intervención del sector privado, pues son los que finalmente desarrollarán las obras. Y, finalmente, la labor de los gobiernos pues son ellos quienes realizan las inspecciones y auditorías a fin de lograr un cumplimiento eficiente de la norma.

 

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Se necesitan acciones urgentes

Simborth sugiere que para hacer ciudades más accesibles se debe empezar por intervenir las calles. Por ejemplo, debería estudiarse con mayor cuidado la colocación de postes de energía eléctrica o de cableado de fibra óptica en las inmediaciones de cruceros o rampas, ya que las veredas siempre deben tener espacios libres de circulación. También utilizar materiales de calidad para las señalizaciones y que siempre estén iluminadas. En cuanto a la circulación en las vías públicas, subraya que siempre hay que visibilizar al peatón y priorizar su seguridad.

El 8.5% de limeños y chalacos considera que la baja calidad de espacios públicos en su ciudad es uno de los problemas más importantes que afectan su calidad de vida, según la última encuesta de Lima Cómo Vamos. Es por ello que el especialista reafirma que toda la infraestructura de espacios públicos debe tener constante mantenimiento para que las veredas no se deterioren, los adoquinados no se retiren o aparezcan agrietamientos que reduzcan la movilidad de los transeúntes.

 

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El Banco Interamericano de Desarrollo indica que las personas con discapacidad tienen que ser los protagonistas tanto en la formulación de la legislación y las intervenciones en el entorno, así como de otros procesos decisorios, pues su experiencia es clave.

 

Alan Aquino, fundador de Asprod-Perú y activista con discapacidad física | Fuente: Alan Aquino

Sin embargo, lograr una ciudad accesible no solo pasa por el buen diseño de la infraestructura, sino por el cambio de mentalidad y actitud. “Debemos eliminar esa percepción cultural de que las personas con discapacidad son incapaces y que hay que protegerlas y darles políticas asistencialistas”, finaliza el abogado Víctor Hugo Vargas. Es aún tarea pendiente.

 

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