Defensoría del Pueblo cuestiona decretos que exoneran informes ambientales

La Defensoría del Pueblo cuestionó hoy la promulgación por parte del Gobierno peruano de dos polémicos decretos de urgencia que exoneran de la necesidad de presentar informes medioambientales previos a 33 proyectos en proceso de concesión.

Según la Defensoría, estos decretos podrían convertir los informes medioambientales en "una mera formalidad".

El organismo emitió hoy un comunicado en el que se pronuncia sobre la aprobación los pasados 18 y 21 de enero de dos decretos de urgencia que permiten dar concesiones administrativas a proyectos de inversión, entre los que se encuentran centrales hidroeléctricas, sin necesidad del informe de impacto medioambiental.

La Defensoría se sumó así al rechazo manifestado el pasado lunes por el Instituto de Defensa Legal y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quienes exigieron la derogación de estos decretos por considerarlos "inconstitucionales".

En opinión de la Defensoría, la aplicación de los decretos hace que "el estudio de impacto ambiental puede convertirse en una mera formalidad administrativa", algo que para este organismo resulta "inaceptable".

Según denunció, la certificación ambiental "ya no será un requisito previo" para lograr el beneplácito administrativo y los funcionarios se verán obligados a "estudiar los proyectos sin poder tomar en cuenta las consideraciones ambientales y sociales que se desprendan del estudio de impacto medioambiental".

En este sentido, señaló que el 30% de los conflictos sociales reportados en diciembre de 2010 estaban relacionados con el uso del agua, objeto central de algunos de los proyectos que podrían acogerse a los decretos.

Al igual que el Instituto de Defensa Legal y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Defensoría cuestionó el carácter de excepcionalidad y necesidad que deben tener los decretos de urgencia: "no se señala con precisión cuáles son las consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad" en estos casos, sentencia.

El organismo defendió la necesidad de que las inversiones respeten los derechos fundamentales e intereses públicos, y animó al Congreso peruano a analizar la constitucionalidad de los dos decretos, así como a solicitar un informe a la propia Defensoría sobre el caso.

Por su parte, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, aseguró que los decretos de urgencia permiten a los inversionistas acelerar los trámites administrativos y recalcó que la normativa no elimina el "requisito" de los informes medioambientales sino que se "da una facilidad para que en paralelo se desarrolle" el proyecto.

"Al final, está absolutamente asegurado que en ningún caso se puede aprobar ni otorgar una aprobación a ningún proyecto que no cuente con la conformidad medioambiental", sentenció Fernández ante los medios de comunicación.

La aprobación de los dos decretos se produce meses antes de la celebración de elecciones presidenciales, fijadas para el 10 de abril próximo, y coincide con un acuerdo entre Perú y Brasil para la construcción de hidroeléctricas en el país andino y la exportación de parte de la electricidad a su vecino. EFE